Tras una misión de cinco días en territorio mexicano, el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) lanzó una advertencia urgente al Estado Mexicano: a pesar de contar con un marco legal sólido, la brecha entre la ley y la realidad mantiene al país en un escenario de impunidad y riesgo persistente de malos tratos.

Carmen Comas Mata, jefa de la delegación que visitó el país del 25 al 30 de enero, señaló que si bien México ha mostrado compromiso político con la promulgación de la Ley General contra la Tortura en 2017 y reformas de salud en 2023, estos avances no se reflejan plenamente en la práctica.

El informe preliminar de la delegación pone especial énfasis en la situación de los centros de tratamiento de adicciones, particularmente los privados. Según el SPT, estos operan frecuentemente al margen de la regulación, recurriendo a “prácticas coercitivas” y a la “institucionalización involuntaria”, una figura que, aunque está prohibida por la ley mexicana, sigue siendo una realidad cotidiana constatada por los expertos.

“Abordar esta situación requiere de una acción urgente y decisiva por parte del Estado”, sentenció Comas Mata, subrayando el grave riesgo de malos tratos que enfrentan los internos en estos establecimientos.

A una década de su última visita, el SPT lamentó que persistan desafíos identificados desde 2016. La falta de investigaciones prontas y efectivas sobre actos de tortura sigue siendo el principal obstáculo para erradicar esta práctica.

Por otro lado, aunque el organismo reconoció la labor profesional del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), instó a las autoridades a realizar los nombramientos pendientes en su Comité Técnico y a reconstruir los puentes de colaboración con la sociedad civil, los cuales se encuentran debilitados.

La misión, integrada también por expertos de Costa Rica, Panamá y Alemania, entregará un informe confidencial con recomendaciones específicas al Gobierno de México, aunque el SPT hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que autoricen la publicación de dicho documento y colaboren de manera constructiva en la implementación de las medidas sugeridas.