Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, presentó este miércoles en su “mañanera” los detalles de su iniciativa de Reforma Electoral que será enviada el próximo lunes al Congreso de la Unión.

El proyecto busca una reconfiguración del Poder Legislativo, la reducción drástica de los costos de la democracia y el fortalecimiento de la fiscalización.

Uno de los puntos centrales de la propuesta, explicada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, es la modificación en la integración de las cámaras para obligar a los aspirantes a “buscar el voto en territorio”:

Para el Senado se plantea reducir de 128 a 96 legisladores. Se eliminarán por completo los 32 escaños de representación proporcional (plurinominales), dejando únicamente a los 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

Para la Cámara de Diputados se mantienen los 500 integrantes, pero bajo un nuevo esquema: 300 por elección directa en distritos; 97 para los “mejores resultados” de partidos que no ganaron; 95 por votación directa en circunscripciones y 8 reservados para la comunidad migrante en el extranjero.

Recorte de 25% al sistema electoral

La iniciativa plantea un ahorro significativo en la organización de los comicios. Según Pablo Gómez, titular de la comisión que realizó la consulta, el gasto en 2024 ascendió a 61 mil millones de pesos, cifra que se busca recortar mediante la reducción salarial de los salarios de consejeros o altos mandos del INE; nadie podrá ganar más que la Presidenta de la República.

Recortes directos al INE, a los organismos locales (OPLEs), tribunales electorales y al financiamiento de partidos políticos.

Así como la eliminación del PREP. Los cómputos distritales iniciarán inmediatamente al cierre de las casillas para agilizar resultados oficiales, eliminando el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

A nivel municipal, se propone un tope máximo de 15 regidurías, dependiendo de la población.

Para combatir la corrupción, el INE tendrá facultades ampliadas para acceder a la totalidad de las operaciones financieras de partidos, candidatos y personajes clave de las organizaciones.

También quedarán estrictamente prohibidas las aportaciones en efectivo, obligando a que todo recurso transite por el sistema financiero.

Asimismo, la reforma se adapta a la era digital, por lo que se regulará el uso de Inteligencia Artificial en campañas, debiendo advertir explícitamente cuando un contenido sea generado por esta vía, y se prohibirá el uso de “bots” en redes sociales.

En cuanto a los tiempos oficiales en radio y televisión para campañas se reducirá de 48 a 35 minutos.

La propuesta enfatiza la prohibición del nepotismo (evitar que familiares hereden cargos) y establece que la no reelección entrará en vigor de forma generalizada a partir de 2030.

Además, se obligará a las entidades federativas a incluir mecanismos de democracia participativa como el referéndum, plebiscito y revocación de mandato en sus legislaciones locales.