Tras semanas de ajustes y una alta expectativa política, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó este miércoles la entrega de su iniciativa de reforma electoral ante el Congreso de la Unión, proyecto con el que busca una reingeniería en el gasto de los partidos y un control estricto sobre el origen de sus recursos.

La recepción del documento ocurrió a las 14:30 horas, cuando Juan Ramiro Robledo, enlace parlamentario de la Secretaría de Gobernación, hizo la entrega oficial a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, confirmó que el documento será turnado de inmediato a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral para su análisis técnico y jurídico.

“Esta iniciativa es trascendente y hoy, con este documento, inicia el proceso legislativo de manera formal”, declaró la diputada panista.

La discusión de la propuesta arranca en un clima de tensión, con rechazos abiertos de la oposición y voces críticas incluso entre aliados del oficialismo.

Se prevé que la ruta del debate se defina en los próximos días y que el dictamen final se someta a votación hacia finales de marzo.

Los ejes centrales de la propuesta

El corazón de la reforma es el golpe al bolsillo de las instituciones políticas, argumentando una política de racionalidad del gasto público.

Se propone reducir en un 25% el financiamiento público ordinario. Actualmente, el monto se calcula multiplicando el padrón electoral por el 65% de la UMA; la iniciativa plantea bajar ese factor al 48.75%. La distribución se mantendría en un 30% igualitario y 70% proporcional a la votación obtenida.

Uno de los cambios más disruptivos es la obligatoriedad de una fiscalización diaria. Los partidos deberán reportar ingresos y egresos de forma cotidiana durante las campañas, incluyendo operaciones con activos virtuales y divisas.

El sistema financiero estará obligado a informar directamente al INE sobre estos movimientos para detectar irregularidades al instante.

A su vez se endurecen las reglas de financiamiento privado: solo podrán aportar personas físicas mexicanas, se prohíben aportaciones en efectivo; todo deberá ser vía transferencia electrónica y las aportaciones no serán deducibles de impuestos.

Además se mantiene la prohibición absoluta de recursos provenientes de gobiernos extranjeros, organismos internacionales o actividades ilícitas.

La propuesta también contempla un recorte en el tiempo aire destinado a los partidos, pasando de 48 a 35 minutos diarios en medios electrónicos.