A partir de abril, el gobierno de Puebla rescindirá las concesiones de transporte público de las unidades que no cumplieron con la revista vehicular ni atendieron los llamados de la autoridad para regularizarse, informó Silvia Tanus Osorio, secretaria de Movilidad y Transporte.

Dijo en rueda de prensa este lunes la funcionaria, además adelantó que se realizará una licitación pública para otorgar nuevos permisos en los derroteros donde actualmente hace falta servicio.

Además, Tanus Osorio recordó que las rutas habilitadas a inicios de marzo con apoyo de empresas de autobuses como ADO y Estrella Roja son temporales y no forman parte de un plan para privilegiar a compañías privadas en el sistema de transporte estatal.

En cuanto a las cifras, la funcionaria reveló que existen 21 mil 780 unidades de transporte público, de las cuales 3 mil 137 no cumplieron inicialmente con la revista vehicular. Posteriormente, mil 954 regularizaron su situación, por lo que aún quedan mil 183 pendientes. Además, 654 concesionarios acudieron a pagar sus derechos.

La secretaria detalló que algunos concesionarios continúan pagando derechos para no perder su permiso, aunque no cuentan con unidad o sus vehículos ya superaron los 10 años de antigüedad permitidos por la ley. Asimismo, indicó que se han recibido solicitudes para cambiar microbuses por combis, pero subrayó que la ciudad “ya no aguanta” más unidades pequeñas en el servicio.

Por su parte, el gobernador Armenta señaló que los concesionarios con permisos vigentes tendrán prioridad en la asignación de nuevas concesiones, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la ley. La distribución de rutas se basará en el estudio de movilidad realizado en 2025, que analizó el origen y destino de los pasajeros.

El mandatario también indicó que cerca de 100 permisionarios promovieron amparos para evitar que sus unidades fueran retiradas de circulación durante operativos, aunque estos recursos no han prosperado, ya que la legislación exige aprobar la revista vehicular para mantener la concesión.

Como parte del proceso de modernización del transporte público, el gobierno estatal abrirá una licitación pública para quienes deseen invertir en el sector, con la condición de que las unidades sean nuevas. En el caso de vehículos que superan los 10 años de antigüedad, se colocarán chips de control cuando los concesionarios ya hayan adquirido unidades nuevas que aún están pendientes de entrega.

Finalmente, Tanus Osorio reconoció que las 9 mil 600 cámaras de videovigilancia instaladas en el transporte público no se encuentran funcionando. Indicó que este tema se atenderá en una etapa posterior, una vez que se avance en la renovación de las unidades.