Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, manifestó el rechazo formal de su administración al reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, el cual calificó como un documento carente de precisión técnica y acusó a los expertos de ignorar la documentación oficial enviada por su gobierno.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional este lunes, Sheinbaum argumentó que el análisis del comité incurre en fallas metodológicas graves al “extrapolar” datos. Según la ejecutiva, el informe se basa en estudios realizados en solo cuatro estados (Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit) durante el periodo 2009-2017, pretendiendo aplicar dichas conclusiones a la realidad nacional de 2025 y 2026.

“Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento… los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025”, aseveró.

La presidenta enfatizó que el Ejecutivo envió información detallada sobre las labores realizadas desde 2019, incluyendo reformas legales y el trabajo conjunto con colectivos de búsqueda, elementos que fueron omitidos por el comité.

Asimismo, marcó una distancia conceptual con el organismo al señalar que el CED está “vinculado” a la ONU pero no es el organismo en sí, y defendió que la situación actual en México no corresponde a la definición de “desaparición forzada” (ejercida por el Estado), sino que está vinculada primordialmente a la delincuencia organizada.

Cifras alarmantes

A pesar del rechazo oficial, el informe del CED posiciona a México como el país con mayor número de “acciones urgentes” a nivel global, al reportar 819 acciones urgentes acumuladas entre 2012 y febrero de 2026, lo que representa el 38% del total mundial.

Además, tan solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se sumaron 40 nuevas solicitudes.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas confirmó recientemente que la cifra de personas desaparecidas en el país supera las 130 mil, mientras que el reporte del CED advierte que más de 72 mil restos humanos permanecen sin identificar a inicios de 2026.

En contraste con la postura de la presidencia, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) recibió con esperanza la decisión del CED de elevar la situación ante la Asamblea General de la ONU. Para el colectivo, esto representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional ante lo que consideran una “limitada capacidad del Estado” para investigar y sancionar el delito.

El MNDM también lamentó la falta de continuidad en las políticas públicas y el aplazamiento de mesas de trabajo y reuniones previamente acordadas con la presidenta, urgiendo al Gobierno a retomar el diálogo para “regresar a casa a todas las personas desaparecidas”.

Por su parte, Sheinbaum adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) ampliarán la respuesta oficial y buscarán un acercamiento con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, para exponer las razones del desacuerdo mexicano.