La auditoría a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla ha resultado hasta el momento, en la remoción de 43 funcionarios, la recuperación de 300 plazas irregulares y la presentación de siete denuncias penales, informó José Luis García Parra, coordinador de Gabinete.

Reveló en entrevista este lunes 6 de abril al dar los avances de la auditoría que combate prácticas de corrupción heredadas y que, de acuerdo con el funcionario, las investigaciones, realizadas de manera conjunta por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior del Estado (ASE), exhibieron anomalías graves en la gestión de recursos humanos.

En total, hasta ahora se han recuperado 300 plazas entre ellas se encontraron pagos a personas fallecidas que continuaban activos en la nómina, trabajadores que no se presentaban en sus centros laborales, mejor conocidos como “aviadores”.

También encontraron casos de personal con doble o triple asignación de plazas de forma simultánea, y expedientes incompletos o perfiles que no cumplían con los requisitos legales.

García Parra aclaró que a quienes ocupaban estos espacios de forma irregular se les ofreció la oportunidad de devolver la plaza voluntariamente para evitar procedimientos legales en su contra. No obstante, ya se han interpuesto siete denuncias ante la autoridad por delitos como el uso indebido de funciones.

En cuanto a las plazas recuperadas dijo que los 300 espacios rescatados no se perderán, sino que serán reincorporados a los procesos formales de asignación.

Además, corresponderá a la SEP determinar si se entregan como plazas definitivas, temporales o regulares, priorizando siempre a perfiles que cumplan estrictamente con la normatividad vigente.

Reestructuración interna

Como parte de esta política de “cero tolerancia”, la administración estatal ha efectuado 43 cambios de mando dentro de la SEP, movimientos que abarcan desde subsecretarios y directores de área hasta jefes de departamento y enlaces, con el fin de garantizar un funcionamiento institucional transparente.

“Son prácticas que no se van a tolerar. Hay una instrucción clara del gobernador de actuar con cero corrupción, investigar y recuperar las plazas de inmediato”, enfatizó el coordinador.

Finalmente, García Parra recordó que el proceso de fiscalización está lejos de concluir y siguen “bajo la lupa” un universo de 7 mil plazas, aunque se estima que en la última década podrían existir más de 20 mil casos sospechosos que ameritan análisis.