La crisis de personas desaparecidas en México ha sido turnada a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED).

Albán destacó que, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado avances normativos e institucionales, estos resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

“La posición del Comité responde a un análisis riguroso en aplicación de la Convención. En ese marco, la decisión adoptada ha sido elevada a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que corresponderá pronunciarse”, señaló en redes sociales.

El anuncio ocurre tras la visita de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien subrayó que la impunidad es el principal reclamo de víctimas, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles. Türk exigió justicia, reparación del daño y garantías de no repetición.

La decisión del CED se da pese a la negativa del gobierno mexicano de reconocer las conclusiones del informe publicado a inicios de mes, en el que se advierte que “hay indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.

El gobierno sostiene que los casos deben atribuirse a grupos delictivos y no a agentes estatales, lo que ha generado un choque de posturas con instancias internacionales. La Asamblea General de la ONU tendrá ahora la responsabilidad de pronunciarse sobre uno de los problemas más graves y persistentes en el país.