El caso de la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del SEA Puebla

Autor: Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz

En México, buena parte de la confusión institucional no nace de la corrupción sino de algo más modesto, más gris y quizá más efectivo: los organigramas imposibles. Uno abre una ley, encuentra un “Comité Coordinador”, un “Comité de Participación Ciudadana”, una “Secretaría Ejecutiva”, una “Secretaría Técnica”, un “Órgano de Gobierno” y, al final, ya no sabe si está leyendo arquitectura institucional o instrucciones para armar un mueble sueco sin tornillos.

El caso del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla es un buen ejemplo. La pregunta parece sencilla: ¿quién nombra a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del SEA Puebla y a quién le rinde cuentas? Pero la respuesta exige distinguir varias capas de autoridad.

Actualmente, el directorio oficial del SEA Puebla identifica a Georgina Cesín Andrade como Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

La primera precisión importante es ésta: la Secretaria Técnica no es nombrada directamente por el gobernador. Tampoco es, formalmente, una directora más dentro de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno del Estado. Su nombramiento pertenece a otra lógica institucional.

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla establece que la persona titular o encargada de la Secretaría Técnica es nombrada y removida por el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, mediante el voto favorable de cinco de sus integrantes. Además, dura cinco años en el cargo y no puede reelegirse.

Aquí aparece la primera pieza del rompecabezas: el Órgano de Gobierno.

Ese órgano no es una oficina menor. El Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva lo define como el máximo órgano de administración, gobierno y dirección de la propia Secretaría Ejecutiva. Está integrado por los miembros del Comité Coordinador Estatal y lo preside la persona representante del Comité Estatal de Participación Ciudadana.

¿Y quiénes integran el Comité Coordinador Estatal? La Ley señala que está compuesto por una persona representante del Comité Estatal de Participación Ciudadana, quien lo preside; la Auditoría Superior del Estado; la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; la persona titular de la Secretaría de la Función Pública; una representación del Consejo de la Judicatura; la presidencia del Instituto de Transparencia; y la presidencia de la Sala Especializada en responsabilidades administrativas.

Traducido al español de todos los días: no la nombra una sola persona; la nombra un órgano colegiado. Y ese órgano colegiado está formado por instituciones que, en teoría, deben coordinarse para prevenir, investigar, fiscalizar, sancionar y evaluar políticas contra la corrupción.

La segunda precisión es igual de importante: antes del nombramiento, existe una terna. La ley establece que quien preside el Órgano de Gobierno, previa aprobación del Comité Estatal de Participación Ciudadana, somete una terna de personas que cumplan los requisitos legales.

Esto es relevante porque introduce un filtro ciudadano-institucional. No significa que el proceso sea automáticamente ciudadano, transparente o impecable. Eso sería ingenuo. Pero sí significa que, jurídicamente, el diseño pretende evitar que el nombramiento dependa de una sola voluntad política.

¿Qué es exactamente la Secretaría Ejecutiva?

La Ley del Sistema Anticorrupción de Puebla la define como el organismo que funge como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador Estatal. En otras palabras, no es el “jefe político” del sistema, sino la estructura técnica encargada de producir insumos, dar seguimiento, elaborar propuestas, generar información, apoyar evaluaciones y hacer funcionar la maquinaria institucional.

El Estatuto Orgánico refuerza esta idea: la Secretaría Ejecutiva es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de autonomía técnica y de gestión.

Aquí está el punto fino: autonomía técnica y de gestión no significa independencia absoluta. Significa que no debería operar como una simple dirección subordinada al Ejecutivo estatal. Pero tampoco significa que esté fuera de control. Tiene controles, informes, presupuesto, órganos colegiados y responsabilidades administrativas.

¿A quién le rinde cuentas la Secretaria Técnica?

Primero, al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva. El Estatuto Orgánico establece que la persona titular de la Secretaría Técnica debe presentar periódicamente ante ese órgano informes sobre el desempeño de las actividades de la Secretaría Ejecutiva, incluyendo presupuesto de ingresos y egresos, así como estados financieros.

Segundo, funcionalmente, al Comité Coordinador Estatal, porque la Secretaría Ejecutiva existe para darle apoyo técnico. La ley señala que la Comisión Ejecutiva genera los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones: políticas integrales, metodologías, informes de evaluación, mecanismos de información, propuestas de coordinación e incluso recomendaciones no vinculantes.

Tercero, está sujeta al Órgano Interno de Control, aunque con un campo específico. La Ley establece que dicho órgano se limita al control y fiscalización de la Secretaría Ejecutiva en materias como presupuesto, contrataciones, bienes muebles e inmuebles, responsabilidades administrativas, transparencia y acceso a la información pública.

Por eso, decir que la Secretaria Técnica “le rinde cuentas al gobernador” sería una simplificación incorrecta. Lo más preciso es decir que rinde cuentas principalmente al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, opera como apoyo técnico del Comité Coordinador Estatal y está sujeta a control administrativo mediante su Órgano Interno de Control.

También conviene distinguir a la Secretaría Ejecutiva del SEA Puebla de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta última sí es una dependencia del Poder Ejecutivo estatal, responsable del control interno de la Administración Pública, según su Reglamento Interior vigente.

La confusión se produce porque ambas instituciones comparten el lenguaje anticorrupción, participan en el ecosistema de control público y pueden cruzarse en espacios de coordinación. Pero no son lo mismo. Una es una dependencia del Ejecutivo. La otra es un organismo técnico del Sistema Estatal Anticorrupción.

La diferencia importa. Si se confunden, se borra la arquitectura institucional que pretendía separar funciones: coordinación, fiscalización, participación ciudadana, apoyo técnico, control interno y evaluación. Cuando todo se mete en la misma bolsa, el resultado es cómodo para el poder y confuso para la ciudadanía.

En resumen: Georgina Cesín Andrade, como Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del SEA Puebla, no es una subordinada directa del gobernador ni una simple funcionaria interna de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Su nombramiento corresponde al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, mediante mayoría calificada de cinco votos, a partir de una terna impulsada desde la presidencia del órgano y aprobada previamente por el Comité Estatal de Participación Ciudadana. Su rendición de cuentas principal se da ante ese Órgano de Gobierno, aunque funcionalmente trabaja para sostener técnicamente al Comité Coordinador Estatal.

El problema, como casi siempre, no es que la ley no diga nada. El problema es que lo dice en un idioma que parece diseñado para que nadie lo lea. Y cuando nadie entiende quién nombra, quién decide y quién responde, la rendición de cuentas deja de ser una práctica democrática y se convierte en una ceremonia administrativa con sellos, cargos largos y muchas siglas.

Fuentes consultadas

• Orden Jurídico Poblano. Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.
• Orden Jurídico Poblano. Reforma Integral al Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
• Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla. Directorio de la Secretaría Ejecutiva.
• Orden Jurídico Poblano. Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

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Semblanza del autor

Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz. Profesor-investigador universitario, consultor en negocios, administración pública, inteligencia artificial y análisis político. Escribe sobre poder, instituciones, tecnología, educación superior y vida pública desde una perspectiva crítica.

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