El Movimiento Empresarial Transportista de Puebla (Metpue) urgió al gobierno estatal a autorizar un incremento a la tarifa del transporte público y propuso formalmente la eliminación de los descuentos para estudiantes y adultos mayores, bajo el argumento de que el esquema actual es financieramente inviable.

Exigieron en conferencia de prensa este 13 de mayo, tras el anuncio de la Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Silvia Tanús Osorio, sobre un análisis tarifario al concluir la Revista Vehicular 2026.

José Luis Barrientos Sánchez, líder del movimiento, calificó la situación como crítica, señalando que las rutas enfrentan un rezago real de casi 15 años.

De acuerdo con los transportistas, aunque en 2019 se autorizó un ajuste a 8.00 y 8.50 pesos, el beneficio fue nulo para muchas rutas. Aseguran que el costo de combustibles, refacciones y seguros ha escalado de manera desproporcionada:

• El diésel pasó de $18.70 en 2020 a $28.19 en mayo de 2026
• El costo de las unidades y refacciones ha subido más del 100% desde 2012
• Una póliza anual que costaba 11 mil 500 hace catorce años, hoy supera los 32 mil pesos.

De igual forma acusaron que el flujo de usuarios ha disminuido, pasando de 3 mil a solo 600 diarios por unidad, debido a la competencia de plataformas digitales y el sistema RUTA.

Eliminar beneficios preferenciales

Los empresarios también propusieron la eliminación de las tarifas reducidas para estudiantes y adultos mayores.

En el caso de los estudiantes, Barrientos consideró que los estudiantes reciben un “doble apoyo”, pues ya cuentan con programas federales como la Beca Benito Juárez.

“En algunas rutas no se sintió el incremento de hace siete años porque gran parte del pasaje continúa pagando tarifa reducida”, afirmó el concesionario de la ruta “Los Morados”.

En cuanto al subsidio estatal prometido en 2019 para compensar estos descuentos solo se entregó durante tres meses. En cuanto a los adultos mayores, reprocharon que la tarifa de 4 pesos se ha mantenido congelada por más de dos décadas.

Su propuesta es que solo para la personas con discapacidad se mantenga la tarifa cero.

Finalmente, solicitaron integrarse a la comisión que analizará el ajuste tarifario. Argumentando que su experiencia operativa es necesaria para fijar un costo que sea “realista”.

“Ya no hay capital para invertir y seguir cambiando unidades”, advirtieron, señalando que los programas de apoyo para renovación de flota son insuficientes si la tarifa no garantiza la rentabilidad diaria.