Redacción
La Red Nacional de Periodistas, la Agencia de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) y la Red Puebla de Periodistas condenó la iniciativa presentada en el Congreso local que busca sancionar a las personas que difundan noticias falsas.
En un comunicado las defensoras de periodistas advierten que el proyecto de los morenistas es ambiguo, carente de definición de sus alcances y da pie a censurar a quienes cuestionen las acciones o políticas públicas en el estado.
Por ello los colectivos han exigido a los integrantes del Congreso de Puebla para que se consulten con especialistas en el tema y se cuente con una propuesta que cumpla con su objetivo de combatir la desinformación y el daño que podría generar a la sociedad.
La propuesta fue presentada este martes por los diputados Nora Merino Escamilla y Gabriel Biestro Medinilla, con la presunta intención de sancionar a quienes difundan fake news relacionadas con la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, la propuesta también advierte sanciones a aquellos que provoquen “descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado”.
Es ese punto el que, de acuerdo con los activistas resulta ambiguo pues podría prestarse para que se hagan interpretaciones “a modo” y en consecuencia podría utilizarse para censurar a medios y periodistas.
Además, la propuesta contiene los términos “descrédito” y “contradicción” con las acciones o políticas implementadas por el Estado, sin que tampoco se definan ambos conceptos.
Al no existir una definición clara de los dos términos es posible que, en una interpretación errónea de los mismos, se genere censura en contra de quienes no compartan o cuestionen la eficacia y eficiencia de las políticas o acciones puestas en marcha por cualquier nivel de gobierno, impidiendo o sancionado la difusión de sus propias opiniones.
En ese tenor insisten en que la propuesta debe analizarse a fondo por especialistas, pues de acuerdo con Merino Escamilla la propuesta podría ser dictaminada la próxima semana en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso.
Finalmente, advierten que no sólo se está limitando el acceso a la información, sino que también representa un retroceso en los avances de la Libertad de Expresión en el Estado.
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