En el Congreso de Puebla los diputados de la coalición “Juntos Haremos Historia” propusieron reformar la Ley de Seguridad Pública para retirar a los exgobernadores el servicio de escoltas para su protección.

Leonor Vargas Gallegos, diputada de Morena, fue quien presentó la iniciativa, a fin de que los exmandatarios dejen de gozar del privilegio de tener escoltas, lo cual actualmente corre a cargo del erario.

Vargas Gallegos aseguró que los exgobernadores cuentan con los recursos suficientes para cubrir el servicio si así lo desean, por lo que consideró que dicha medida de seguridad sea para los periodistas o activistas que se encuentren amenazados por la labor que llevan a cabo.

El proyecto contempla reformar los artículos 137, 138, 139 y 143; adicionar un segundo párrafo al artículo 138 y deroga el segundo del 139.

La diputada de Morena precisó que la asignación de seguridad a los exmandatarios estatales es un abuso avalado por las anteriores legislaturas atendiendo a intereses políticos, y aseguró que esta protección permanente provocó un daño a las finanzas del estado.

“Esto generó una irrisoria normatividad que de manera clasista y excluyente otorgaba la posibilidad de protección personal permanente aquellos sujetos que hayan ostentado el cargo de gobernador del estado de Puebla sin que ninguna otra clase de persona pudiese acceder a dicho servicio público”, acotó.

La ley promovida en el 2012 por el entonces mandatario de Acción Nacional, Rafael Moreno Valle, estableció que los exmandatarios tendrían derecho a tener ocho escoltas por un periodo de 12 años con cargo al erario, en donde se destinan aproximadamente 240 mil pesos mensuales.

Actualmente solo Rafael Moreno Valle Rosas, exgobernador y hoy senador panista, es quien cuenta con la protección de 24 escoltas divididos en tres turnos, mismos que son pagados por el erario, cuyo costo aproximado es de tres millones de pesos.