A partir del próximo 1 de octubre, ninguna empresa agroexportadora de aguacate podrá vender sus productos al extranjero si no garantiza los derechos laborales y la seguridad social de sus trabajadores, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien presentó el nuevo Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA).

Durante la conferencia matutina de este lunes 28 de septiembre, la mandataria explicó que el objetivo central es frenar las prácticas de precarización en el campo, señalando casos como el de los jornaleros del aguacate, quienes frecuentemente son remunerados por volumen de cosecha en lugar de una jornada regular de 8 horas, además de exceder los tiempos laborales sin estar debidamente registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El sistema de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) vincula directamente la capacidad de exportación con la plantilla laboral formal de las empresas. A través de un cálculo matemático basado en las unidades a exportar, la plataforma determina cuántos empleos deben estar dados de alta en el IMSS en función del volumen enviado.

“Si son mil cajas, pues corresponden a tantos empleos; esos son los empleos que tienen que tener registrados en el seguro social. No se puede exportar si no trae su certificado laboral” , ejemplificó la presidenta Sheinbaum.

Las personas físicas o morales exportadoras deben gestionarlo obligatoriamente en la plataforma oficial VELAGRO (velagro.stps.gob.mx), utilizando su e-firma para validar la información de productores, huertos y empacadores.

El programa se encuentra en fase piloto. La primera etapa del certificado obligatorio para el aguacate tendrá una vigencia del 1 de octubre al 7 de noviembre de 2026, y se prevé que el esquema se extienda a otros cultivos, como los frutos rojos (berries), durante 2027.

Cifras récord en empleo y recuperación salarial

Por su parte, Marath Bolaños López, titular de la STPS, informó que el mercado laboral mexicano atraviesa por un periodo de consolidación. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, un total de 1.3 millones de personas se incorporaron a la Población Económicamente Activa (PEA), alcanzando un total de 62.6 millones de personas (60.7 millones ocupadas), de acuerdo con datos del INEGI.

Se destacó la participación de las mujeres, lo que se situó en el 41% del total de la población ocupada, lo que representa un incremento de 2.2 puntos porcentuales.

El poder adquisitivo ha tenido un repunte real del 154% desde 2018, pasando de 88 pesos diarios a 315 pesos en 2026. Mientras que en 2018 el salario alcanzaba para 0.8 canastas básicas, hoy permite adquirir 1.9 canastas básicas.

El porcentaje de trabajadores que laboraban más de 48 horas semanales disminuyó de 27.1% a 22.2% entre 2020 y 2025, como parte de la preparación rumbo a la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas, prevista para aplicarse de forma progresiva entre 2027 y 2030.