Luis Enrique Sánchez Fernández

Durante años, en Puebla se instaló una idea que parecía incuestionable: la concesión del agua era un hecho consumado, irreversible, casi natural. Agua de Puebla operaba no sólo como empresa, sino como una estructura blindada frente a la crítica social, jurídica y política.

Hoy, esa certeza empieza a resquebrajarse.

La reciente reconfiguración de la política hídrica en México (expresada en la nueva Ley General de Aguas) no cancela de golpe las concesiones existentes. Pero sí altera algo más profundo: el sentido mismo del agua en la vida pública. El recurso deja de ser tratado como mercancía y se redefine como lo que constitucionalmente siempre debió ser: un derecho humano.

Ese cambio, que podría parecer retórico, es en realidad un giro estructural.

Porque si el agua es un derecho, entonces su gestión no puede depender exclusivamente de criterios de rentabilidad. Y si el Estado recupera la rectoría efectiva del recurso, entonces las concesiones dejan de ser territorios autónomos para convertirse en permisos condicionados, vigilados y, llegado el caso, revocables.

Ahí es donde Puebla entra en escena.

La concesión otorgada a Agua de Puebla no desaparece por decreto. Su contrato sigue vigente. Pero su naturaleza cambia. Ya no puede sostenerse bajo la lógica de “derecho adquirido” que durante años la protegió. Ahora debe justificarse bajo un principio más exigente: servir al interés público por encima del interés empresarial.

Y eso no es menor.

Porque el historial del servicio en la ciudad ha estado marcado por quejas persistentes: tarifas elevadas, cortes de suministro, litigios, amparos, desconfianza ciudadana. En el viejo modelo, todo eso podía ser administrado políticamente. En el nuevo contexto, todo eso se convierte en argumento.

Argumento para revisar.

Argumento para auditar.

Argumento, incluso, para replantear la concesión.

La nueva legislación abre la puerta a algo que antes era impensable: evaluar si la gestión privada del agua cumple o no con el derecho humano que dice garantizar.
Y si la respuesta es negativa, el Estado no sólo puede intervenir: está obligado a hacerlo.

No se trata todavía de una ruptura. Sería ingenuo afirmarlo. Las inercias institucionales, los intereses económicos y las redes políticas que sostienen este tipo de concesiones no desaparecen de la noche a la mañana.

Pero sí estamos frente a un cambio de época.

El agua deja de ser un negocio protegido por contratos y se convierte en un servicio sometido al escrutinio público. Y eso modifica el equilibrio de poder.

Hoy, Agua de Puebla sigue operando.

Pero ya no opera en el mismo país.

Opera en un escenario donde el discurso del derecho humano al agua empieza a tener consecuencias jurídicas y políticas reales. Donde la escasez hídrica obliga a replantear prioridades. Donde la presión social encuentra ahora un respaldo legal más sólido.

Y, sobre todo, donde la concesión deja de ser intocable.

La pregunta ya no es si el modelo se mantiene por inercia.

La pregunta es si puede sostenerse frente a una nueva lógica que lo contradice.

Porque cuando un derecho entra en conflicto con un negocio, tarde o temprano alguien tendrá que decidir cuál prevalece.

Y en Puebla, esa decisión ya no parece tan lejana.

Es cuanto.