Tras un diagnóstico exhaustivo, el gobierno de Puebla confirmó el hallazgo de irregularidades sistemáticas en la operación de la concesionaria Agua de Puebla para Todosm, que van desde incumplimientos en los planes de inversión, desviaciones en los estándares de desempeño y fallas administrativas en el convenio modificado en 2025.

Por ello se procederá legalmente contra la empresa, informaron en conferencia de prensa matutina, el gobernador Alejandro Armenta Mier y el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.

Sin embargo, aclararon que la revocación inmediata de la concesión no es una vía viable por el momento debido al “blindaje jurídico” del contrato y el alto costo financiero que representaría para el erario.

De acuerdo con el informe presentado por García Parra, las anomalías detectadas son significativas y afectan directamente la calidad del servicio. Entre los puntos críticos identificados destacan el incumplimiento del Plan de Inversión, del que la empresa no ha ejecutado los recursos destinados a la infraestructura hidráulica.

Además de la desviación de estándares de desempeño, ya que se observa que el servicio no cumple con los niveles de eficiencia pactados.

También se confirmó la violación al Tercer Convenio Modificatorio tras detectar irregularidades en la aplicación de los acuerdos firmados apenas el año pasado, además de anomalías administrativas y fallas generales en la gestión de la concesión.

“Lo que buscamos es que, más allá de cualquier litigio, haya agua de calidad para los poblanos y un servicio digno”, subrayó García Parra, quien adelantó que en los próximos días iniciarán mesas de trabajo para forzar a la empresa a corregir estas deficiencias.

“No podemos salir perjudicados”

Sobre las acciones a tomar, Armenta Mier fue enfático al señalar que, aunque coincide con los colectivos sociales que exigen la cancelación del contrato, actuar de forma impulsiva resultaría contraproducente.

“Agua de Puebla ha incumplido, coincido con los defensores del agua, pero no puedo cancelar una concesión porque implica un acto jurídico que se llevará años y del cual vamos a salir perjudicados todos los poblanos”, reconoció el mandatario.

Ante la crisis de suministro, Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, anunció la implementación de un programa estatal de distribución de agua potable mediante 100 pipas que recorrerán la zona metropolitana.

Para poder ser beneficiario se abrirá una plataforma en abril para registrar a familias que pagan el servicio y no reciben agua, así como a quienes habitan en asentamientos irregulares.

Además, se identificarán hogares sin tinacos para incluirlos en programas de apoyo y el programa contará con un coordinador general y siete delegados para supervisar las rutas de reparto.