Luis Enrique Sánchez Fernández

La discusión sobre el agua en Puebla ha entrado en una nueva fase. Ya no se trata de si la concesión a Agua de Puebla fue o no una buena decisión en su origen. Esa discusión, importante pero ya superada por los hechos, ha sido desplazada por una pregunta más incómoda y más urgente:

¿Qué hacer ahora con ella?

La nueva política hídrica nacional ha cambiado el terreno. La concesión ya no descansa en la lógica de la intocabilidad, sino en la del cumplimiento. Y eso obliga a replantear el debate en términos concretos, no ideológicos.

Hoy existen tres rutas posibles.

La primera es la revisión.

Es el camino más inmediato y políticamente viable. Implica auditar el funcionamiento real del servicio: calidad del suministro, tarifas, cobertura, trato al usuario, cumplimiento de obligaciones contractuales. No es menor. En el nuevo marco legal, una revisión seria puede convertirse en un punto de quiebre.

La pregunta aquí es sencilla, pero decisiva:

¿Agua de Puebla está cumpliendo con garantizar el derecho humano al agua?

Si la respuesta es afirmativa, la concesión se fortalece.

Si es negativa, la historia cambia.

La segunda ruta es la renegociación.

Este escenario reconoce que el modelo puede mantenerse, pero no en sus términos actuales. Implica redefinir condiciones: tarifas más reguladas, mayor transparencia, límites a cortes de servicio, mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Es, en el fondo, una corrección del modelo sin desmontarlo.

Pero también es el terreno más complejo. Porque renegociar supone voluntad política, capacidad técnica y, sobre todo, disposición de la empresa a ceder privilegios. Y la experiencia muestra que eso rara vez ocurre sin presión.

La tercera ruta es la cancelación.

Es el escenario más radical, pero ya no es impensable. Bajo el nuevo marco, una concesión puede revocarse si incumple su función social. No es un acto sencillo: implica costos legales, financieros y operativos. Pero tampoco es imposible.

Aquí la pregunta cambia de tono:

¿Puede el Estado recuperar la gestión del agua sin generar un colapso del servicio?

Porque cancelar sin capacidad de sustitución sería tan irresponsable como mantener un modelo fallido.

Entre estas tres rutas no hay soluciones simples. Cada una implica riesgos, costos y consecuencias. Pero lo que ya no es opción es la inercia.

Durante años, la concesión sobrevivió gracias a una combinación de contratos blindados, debilidad institucional y resignación social. Ese equilibrio se ha roto. Hoy, el contexto legal y político obliga a tomar una decisión.

No decidir, en este nuevo escenario, también es una forma de decidir: es optar por que todo siga igual, aun cuando el marco legal diga que ya no debería.

Puebla enfrenta, en realidad, una disyuntiva más profunda de lo que parece. No sólo está en juego un contrato. Está en juego el modelo de gestión de un recurso vital en un contexto de creciente escasez.

Y en ese terreno, las decisiones ya no pueden justificarse con argumentos técnicos aislados ni con inercias administrativas.

Se requiere una definición política.

Porque el agua no espera.

Y la sociedad tampoco.

Es cuanto.