Por Redacción

En Puebla, el agua tiene una rara virtud política: cuando falta, todos se esconden; cuando se cobra, todos aparecen.
La comparecencia de SOAPAP y Agua de Puebla ante el Congreso no debería ser otro ritual con café, carpetas engargoladas y funcionarios practicando el arte de no decir nada. Si algo tiene podrida a la ciudad no es solo la falta de agua, sino la falta de responsables. La sequía administrativa, esa sí, lleva años.

Alejandro Armenta ha encontrado en Agua de Puebla un enemigo perfecto: impopular, viejo, concesionado, heredado y con suficientes agravios ciudadanos para llenar varias campañas. Pero ahí empieza el problema. El gobernador ya no puede quedarse en la comodidad del denunciante. Si Agua de Puebla es el villano, ¿quién la supervisó? Si Concesiones Integrales incumplió, ¿quién se lo permitió? Si las calles recién pavimentadas se abren y se tapan con escombro, ¿quién falló antes de la fotografía del enojo?

Armenta puede incomodar a la empresa. Muy bien. Pero ahora debe incomodar también a su propio aparato.

Porque el asunto ya tiene nombres. Josefina Morales Guerrero no llegó a SOAPAP para heredar una oficina, sino para hacerse cargo de una bomba técnica, financiera y política. Jordi Bosch Bragado, director de Agua de Puebla, no puede presentarse con cifras como si el ciudadano viviera dentro de un indicador. Guadalupe Vargas Vargas, desde la Comisión de Hacienda del Congreso, tampoco puede permitir que la comparecencia termine convertida en una misa burocrática donde todos se dan la paz y Puebla sigue cargando cubetas.

Y José Luis García Parra, que ya ha hablado de anomalías y negociaciones, sabe que la narrativa del gobierno se juega en una línea muy delgada: denunciar incumplimientos sin parecer que el Estado apenas se está enterando de lo que la gente sabe desde hace años.

El agua en Puebla no es un expediente: es una humillación doméstica. Es la colonia que se queda esperando presión. Es el recibo que llega puntual aunque el servicio llegue por temporadas. Es la calle abierta después de la pavimentación. Es el vecino que paga, reporta, insiste, se cansa y al final descubre que la responsabilidad siempre vive en otra ventanilla.

La concesión tiene una elegancia perversa: privatiza el cobro, socializa el enojo y vuelve confusa la culpa. La empresa dice que opera. SOAPAP dice que supervisa. El Congreso dice que revisa. El gobierno dice que sanciona. El municipio dice que acompaña. Y el ciudadano, mientras tanto, aprende la geografía del absurdo: dónde reclamar, a quién rogarle, qué folio guardar, qué pipa pagar, qué calle evitar.

Ahí está el verdadero callo de Armenta. No en señalar a Agua de Puebla, sino en demostrar que su gobierno puede hacer algo más difícil que indignarse: mandar.

Mandar no es regañar en público. Mandar no es anunciar auditorías como quien anuncia tormentas. Mandar no es decir “que paguen” mientras el ciudadano sigue pagando. Mandar es abrir los números, exhibir los incumplimientos, publicar sanciones, revisar inversiones, ubicar colonias afectadas, explicar qué hizo SOAPAP durante años y decir, con nombres y fechas, quién va a responder.

También hay que mirar hacia atrás. Gustavo Gaytán Alcaraz no fue un fantasma: fue durante años el rostro del regulador. La concesión no cayó del cielo. Nació en un régimen, sobrevivió a otros y aprendió el idioma más útil de la política poblana: permanecer. En Puebla, algunos contratos tienen más estabilidad que muchas familias.

Por eso la comparecencia debe servir para algo más que para producir boletines. A Jordi Bosch hay que preguntarle por servicio, inversión, drenaje, fugas, cortes y calles rotas. A Josefina Morales hay que preguntarle si SOAPAP por fin será regulador o seguirá siendo notario del desastre. A Guadalupe Vargas hay que exigirle que el Congreso no confunda control parlamentario con teatro de indignación. Y a Armenta hay que recordarle que el pleito con Agua de Puebla solo será creíble si toca intereses, no si solo toca micrófonos.

Porque el ciudadano no bebe auditorías. No se baña con sanciones anunciadas. No lava trastes con ruedas de prensa. No cruza una calle reparada con discursos de mano firme.

Puebla no necesita otro capítulo de funcionarios descubriendo lo evidente. Necesita saber si el agua es un derecho o una caja registradora con tuberías. Necesita saber si SOAPAP existe para vigilar a la concesionaria o para explicar por qué no pudo vigilarla. Necesita saber si el Congreso va a hacer preguntas o reverencias. Y necesita saber si Armenta va contra Agua de Puebla hasta el fondo o solo hasta donde convenga políticamente.

El agua, dicen, siempre encuentra salida. En Puebla ya la encontró: sale por las zanjas, por los recibos, por las coladeras, por las quejas y por la paciencia agotada de una ciudad que lleva demasiado tiempo pagando por un servicio que nadie termina de asumir.

La sed tiene nombres. Ahora falta que también tenga consecuencias.