La batalla de las familias de personas desaparecidas ante los gobiernos estatales y las Comisiones de Búsqueda para que actúen sin omisiones, burocratismo y sin politización, se trasladó a Puebla con la ratificación del nombramiento de Enrique Rivera Reyes, ex edil de Chignahuapan como nuevo titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En un momento donde el tema de las desapariciones en el país se encuentra al rojo vivo, el gobierno de Puebla desata las protestas de colectivos de buscadores ante la poca sensibilidad de un gobierno que arriba a la entidad imponiendo perfiles que distan mucho de contar con la experiencia y probidad para responder a las demandas de las familias de personas desaparecidas.

De acuerdo información vigente en la Plataforma Ciudadana de Fosas instrumentada por organizaciones como Artículo 19 y la Universidad Iberoamericana entre otras, en Puebla se pueden contabilizar cerca de 46 fosas clandestinas, documentadas y reconocidas por tres fuentes que son fiscalías federales, estatal y medios de comunicación.

De acuerdo a lo anterior, en Puebla el mapa de fosas se configura de la siguiente manera:

Quecholac 3, San Salvador Huixcolotla 2, Tecamachalco 2, Amozoc 1, Puebla Capital 4, Palmar de Bravo 2, Francisco Z Mena 1, Venustiano Carranza 3, Atlixco 1, Tlaola 1, Chignahupan 1, Tlachichuca 3, Huejotzingo 1, San Martin Texmelucan 1, Izúcar de Matamoros 1, Huehuetlán El Chico 1, Tulcingo 3, Tehuacán 1, Atzitzintla 2, Chalchicolula 1, Acatzingo 2, San Pedro Cholula 1, Huejotzingo 4, Tochtepec 1, Tepeaca 2, Hueytamalco 1.

Frente a un tema que demanda una agenda de trabajo estratégico en conjunto con los familiares de desaparecidos, en Puebla se hacen nombramientos con tintes políticos y como un aparente pago de facturas políticas.

Resulta lamentable que el gobierno del estado impulse nombramientos de perfiles que no cumplen con las exigencias del cargo y donde se demanda una atención de preponderancia por las circunstancias que hoy enfrenta el país en materia de desapariciones.

Desde hace semanas, los colectivos de familias de personas desaparecidas en territorio poblano cuestionaron el nombramiento del ex edil de Chignahuapan Enrique Rivera, quien de subsecretario de gobernación pasó a ser el nuevo responsable de la búsqueda de desaparecidos en Puebla.

A todo lo anterior se suma la falta de sensibilidad del secretario de Gobernación en el estado, Samuel Aguilar Pala quien, dicho sea de paso, refleja el perfil del tradicional viejo político de las lides del moribundo PRI, pero ahora disfrazado de funcionario morenista, quien sin la mayor empatía refirió ligas de un desaparecido con organizaciones delictivas, minimizando la importancia de su búsqueda.

Si estos son los perfiles que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta está colocando en posiciones que demandan una atención urgente debido a la situación que se enfrenta con la incursión de organizaciones delictivas en Puebla, estamos más que estancados en uno de los temas alta importancia como la búsqueda de personas desaparecidas.

La búsqueda de personas desaparecidas en Puebla exige una atención emergente sobre todo cuando la cifra va al alza.

Durante el 2024 se tienen documentados 13 mil casos de desapariciones, lo que representa uno de los años con más personas desaparecidas en la entidad.

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