Guadalupe Lucero Bárcenas, alcaldesa de extracción morenista de Acatlán de Osorio, se separará temporalmente de su cargo a partir de este lunes 29 de junio.

La medida coincide con el inicio de una auditoría formal a su administración, resultado de un acuerdo entre el gobierno del Estado de Puebla, el cabildo municipal y la propia edil.

El anuncio fue oficializado la noche del pasado viernes en la plaza principal de Acatlán de Osorio por el subsecretario de Gobierno estatal, Isauro Rendón Vargas, tras semanas de intensas fricciones y acusaciones mutuas de irregularidades administrativas y delitos penales entre la alcaldesa y un bloque de regidores.

El funcionario estatal precisó que, para evitar confrontaciones e interferencias en el proceso de fiscalización, la presidenta municipal no podrá ejercer sus funciones ni presentarse en el ayuntamiento, a menos que sea estrictamente necesario.

“Se va a iniciar la auditoría el próximo lunes. La presidenta no va a estar aquí durante el periodo de la auditoría, salvo que sea requerida por el auditor y bajo las condiciones que éste determine. Una vez que se tenga el resolutivo, será sometido a la autoridad correspondiente”, informó Rendón Vargas ante los ciudadanos.

El subsecretario enfatizó que la decisión se tomó bajo el principio de concertación política auspiciado por la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, siguiendo las instrucciones del gobernador Alejandro Armenta de privilegiar la estabilidad y el diálogo.

La auditoría y la separación del cargo de Bárcenas son la respuesta institucional a un conflicto que escaló a nivel estatal a mediados de junio, cuando un bloque de regidores del propio Cabildo acusó a la alcaldesa de diversas anomalías en el manejo de recursos públicos, destacando un presunto incremento salarial injustificado.

La disputa escaló al terreno legislativo el pasado jueves 18 de junio, fecha en que los integrantes del cuerpo edilicio formalizaron ante el Congreso del Estado una solicitud de revocación de mandato. De este modo, la auditoría que arranca este lunes funcionará como el primer paso técnico y legal para que el Poder Legislativo determine si existen elementos probatorios suficientes para proceder con la destitución definitiva.

La tensión en el municipio no se limita al ámbito administrativo, ya que de manera paralela ambas facciones se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de mesas de trabajo sostenidas en Casa Aguayo con el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y la fiscal general, Idamis Pastor.

Con el repliegue temporal de Guadalupe Bárcenas, la administración estatal busca un “enfriamiento” político en el municipio que permita a los auditores y a la FGE deslindar responsabilidades sin interferencias ni altercados en la vía pública.