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28 marzo, 2018

Redacción PH

¡Alto a la alza de precio! reclaman capos desde la cárcel

Líderes de cárteles de droga presos en Ceferesos exigieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervenga ante el excesivo aumento de precios que se ha suscitado y que ha llevado a las frituras como los Cheetos costar 60.50 pesos, cuando antes costaban 43 pesos.

En una misiva dirigida a Rogelio Cerda, titular de la Profeco los reos advierten que son “obligados a comprar productos para nuestra alimentación, aseo y papelería a un excesivo e injustificado sobreprecio”.

Entre los firmantes se encuentra Vicente Carrillo Fuentes, ex líder del Cártel de Juárez, José Noé Barajas, miembro de Los Caballeros Templarios, y Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, Vicente Carrillo Leyva, a Ismael “El Mayito” Zambada Imperial y a Damián Gallardo Martínez, defensor indígena de derechos humanos.

Además de Ramiro Pozos González, “El Molca”, de La Resistencia y Martín Arzola Ortega, “El 53”, presunto mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con Reforma, fue en octubre cuando se reconfiguró el “sistema de tiendas” de los Ceferesos en los precios de comida chatarra, productos de aseo y papelería, los cuales aumentaron en un 20 por ciento.

La situación que podría tildarse de “ridícula” ya que los principales firmantes son o fueron peligrosos capos criminales, que construyeron emporios a través del tráfico de drogas, sin embargo permiten exponer la situación de cientos de personas más, que culpables o inocentes tendrán que cubrir los costos.

“Somos obligados porque no se nos proporciona una adecuada alimentación, porque sólo existe una opción que monopoliza la venta de productos, porque requerimos artículos de papelería para poder comunicarnos con nuestros familiares y juzgados para ejercer nuestro derecho de defensa“, advierte la denuncia.

 

Respeto a la ley

El asunto cierra con broche de oro, fundamentado en diversos artículos de la Constitución Mexicana, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Ley General de Transparencia.

En el Altiplano firmaron la queja más de 60 internos, mientras que en el penal de Occidente, lo hicieron más de 70 reos.

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