Redacción PH

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ofreció la mediación del gobierno federal a través de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para que se retiren los cargos de obstrucción de una obra pública, daño a las vías de comunicación y daño en propiedad ajena, contra el activista y comunicador poblano Miguel López Vega.

Anunció en su conferencia de prensa matutina al ser cuestionado sobre el caso, un día después de que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE) se desistió de las acusaciones, sin embargo, el Ministerio Público pidió revisar el caso con el argumento de que las faltas de que le se acusan se persiguen de oficio.

Al activista originario de Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, se le acusa de atentar contra los trabajos que el CEASPUE realizaba para construir un colector descarga de aguas residuales de la Ciudad Textil Huejotzingo.

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El activista fue detenido en enero de 2020 y encarcelado cinco días, sin embargo a tres años de su detención su situación jurídica sigue incierta, incluso aunque el Ceaspue ya le pidió perdón por los señalamientos y que la fecha límite para la investigación completaría fue marzo de 2020.

Tras recordarle los hechos el Ejecutivo dijo que se puede buscar un acuerdo con el poder judicial, pues López Vega no es candidato a ser beneficiario de la Ley de Amnístia.

“Se está logrando en otros casos y se puede. La ley de amnistía que nosotros promulgamos solo aplica cuando hay sentencia, en estos casos no hay sentencia, hay que llegar a acuerdos con el Poder Judicial y la Fiscalía, pero podemos hacerlo”.

Es ahí donde podría que intervenir la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien puede ayudar a garantizar la libertad de este y la del comunicado Alejandro Torres quien cubría su protesta y ahora tiene una orden de aprehensión por los mismos delitos que López Vega.

Actualmente la obra sigue detenida en la zona gracias a que vecinos de Zacatepec consiguieron un amparo argumentando que no se realizó una consulta indígena para conocer y aprobar la obra.