Por Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz

Un estudiante mira TikTok durante la clase. Otro recibe mensajes a cada minuto. En el recreo, varios prefieren la pantalla a conversar. El problema existe y sería absurdo pedirle al profesorado que compita, sin reglas, contra plataformas diseñadas para capturar la atención. Pero de ahí no se sigue que sacar el celular de toda la vida escolar sea, por sí mismo, una política educativa.

El acuerdo impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum restringe el uso de dispositivos personales durante toda la jornada en educación básica a partir del 3 de noviembre. Conviene precisar algo que el debate público suele borrar: el texto contempla excepciones para actividades pedagógicas programadas, emergencias, salud, discapacidad y accesibilidad. La discusión, entonces, no debería girar en torno a una prohibición absoluta que el propio acuerdo no establece, sino a si esas excepciones podrán ejercerse de verdad en cada escuela.

La distinción importa. Una excepción escrita en el Diario Oficial puede desaparecer en la práctica si utilizarla exige trámites engorrosos, si el docente teme meterse en problemas o si nadie ha definido quién autoriza: la dificultad no está solo en declarar una restricción, sino en traducirla a protocolos que funcionen en el salón, el patio y la dirección. Una consigna nacional cabe en un titular; resolver una emergencia o una actividad didáctica ocurre en un plantel concreto.

Hay, además, una pregunta incómoda: ¿con qué dispositivo se sustituirá el celular cuando sí haga falta aprender con tecnología? Según la ENDUTIH 2025, entre las personas usuarias de internet en México, 97.3% se conectó mediante un teléfono inteligente y 36.2% mediante una computadora. Son cifras de usuarios de todas las edades, no una medición del alumnado, pero muestran el peso que tiene el teléfono como puerta de acceso digital. Si una escuela cuenta con computadoras y conectividad, puede prescindir de él con mayor facilidad. Si no cuenta con ellas, cerrar esa puerta sin ofrecer otra podría perjudicar precisamente a quienes tienen menos recursos.

El segundo riesgo es confundir silencio con aprendizaje. Guardar los teléfonos puede reducir interrupciones; no enseña a comprobar una fuente, proteger datos personales, reconocer un engaño o entender por qué un algoritmo insiste en mostrar cierto contenido. La UNESCO advierte que limitar los dispositivos puede ayudar a disminuir distracciones, pero no elimina la necesidad de formar a los estudiantes para moverse con criterio en entornos digitales. Si la escuela renuncia a enseñar eso, deja la educación tecnológica en manos de las familias que puedan proporcionarla y de las plataformas cuyo negocio depende del tiempo de pantalla.

Tampoco conviene exagerar el argumento contrario. Los teléfonos sí distraen. La OCDE encontró en PISA 2022 que las restricciones escolares pueden reducir la distracción en clase, aunque su cumplimiento es desigual: en las escuelas donde estaban prohibidos, 29% de los estudiantes declaró utilizarlos varias veces al día. Esa evidencia justifica reglas exigibles; no demuestra que una prohibición rígida mejore automáticamente el aprendizaje, la convivencia o la salud mental. Son resultados distintos y deben medirse por separado.

Una aplicación torpe también puede cargar nuevas responsabilidades sobre docentes y directivos. ¿Se retira el teléfono a quien incumple? ¿Dónde se guarda? ¿Quién responde si se pierde? ¿Cómo se atiende una necesidad de salud sin obligar al estudiante a explicar su condición frente al grupo? Dejar estas decisiones a la improvisación abre la puerta a conflictos con las familias y a criterios dispares entre escuelas. Además, el ciberacoso o el consumo excesivo de redes no terminan al sonar la campana de salida: una política limitada al horario escolar puede desplazar el problema unas horas sin atenderlo.

Hay una alternativa más exigente que repartir prohibiciones. En clase, el celular debería permanecer guardado y sin notificaciones, salvo cuando el docente programe una actividad con un objetivo claro y ofrezca una opción equivalente a quienes no tengan dispositivo. En recreos pueden establecerse espacios y momentos sin pantallas para favorecer el juego y la convivencia, con excepciones conocidas por todos. Cada plantel necesita un protocolo breve de emergencias, resguardo, accesibilidad y resolución de conflictos, elaborado con docentes, estudiantes y familias. La autoridad, por su parte, debe aportar formación docente, conectividad y equipos compartidos; no puede pedir ciudadanía digital mientras deja su enseñanza a cargo del plan de datos de cada hogar.

Finalmente, hay que evaluar. No basta contar teléfonos retirados: habría que observar atención en clase, aprendizaje, convivencia, incidentes de acoso, carga de trabajo docente y diferencias entre escuelas con distinta infraestructura. Si la medida mejora esos resultados, habrá razones para sostenerla. Si produce exclusión o se incumple de forma generalizada, habrá que corregirla. El propio acuerdo prevé revisiones semestrales; tomarlas en serio sería más valioso que declarar victoria el primer día sin pantallas.

La presidenta acierta al reconocer que la atención infantil merece protección. El error sería creer que protegerla consiste únicamente en retirar un objeto. Regular el uso del celular es necesario; renunciar a enseñar cuándo, cómo y para qué utilizarlo sería una derrota educativa.

Sobre el autor. Luis Enrique Sánchez Díaz es doctor en Administración y profesor investigador de la Facultad de Administración de la BUAP. Desde hace dos décadas se dedica a la docencia y al análisis de las políticas públicas, la educación y el impacto social de las tecnologías. Publica sus reflexiones en luisenriquesan.blog