Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, anunció que su administración iniciará un proceso legal contra la empresa Concesiones Integrales, mejor conocida como Agua de Puebla por incumplir con los servicios de potabilización y saneamiento.

Durante una conferencia de prensa en la capital del país, el mandatario calificó la operación de la empresa como un “negocio indebido” en perjuicio de las familias poblanas.

“Nos cobran por la potabilización en cada recibo que pagamos, pero no potabilizan. Es un negocio, lo sabemos”, afirmó Armenta, señalando que ya se integran los expedientes correspondientes.

El titular del Ejecutivo estatal reiteró que la concesión, otorgada en 2013 durante la gestión de Rafael Moreno Valle, se pactó bajo condiciones “leoninas” e “irregulares”. Armenta aseveró que el contrato viola la Constitución y fue producto de una presunta complicidad delincuencial entre autoridades pasadas y la firma privada.

A esta postura se sumó la titular del Soapap, Josefina Morales Guerrero, quien precisó que la empresa no ha podido acreditar inversiones por más de 300 millones de pesos destinados a la mejora del suministro en la capital y la zona conurbada.

El gobernador vinculó estas acciones legales con la estrategia federal para rescatar el río Atoyac y el lago de Valsequillo. Advirtió que, para lograr un saneamiento real, se requiere de una política de Estado que trascienda los periodos gubernamentales.

Durante la conferencia Armenta Mier también presumió que en los primeros 30 km del río, en la zona de Tlahuapan, el agua ha recuperado claridad gracias al uso de biodigestores.

Finalmente, Armenta exhortó al Congreso local a reformar la ley para obligar a las próximas administraciones a dar continuidad presupuestal a estos proyectos ambientales.

“Hay que incluir en la Constitución la obligación de un gobierno bioético para que las políticas de Estado trasciendan un periodo gubernamental”, concluyó el mandatario, reafirmando que no permitirá que la concesionaria siga en “falta jurídica” respecto a sus obligaciones de inversión.