Con el objetivo de armonizar el marco legal y evitar la duplicidad de funciones entre los Poderes del Estado, Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, envió una iniciativa al Congreso local para retirar a la Secretaría de Gobernación (Segob) las facultades en materia de defensoría de oficio y asistencia jurídica gratuita.

La propuesta, presentada el pasado 15 de julio, busca derogar las fracciones de la XXXII a la XXXVII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

De acuerdo con el documento enviado por el Ejecutivo, estas atribuciones ya corresponden de manera exclusiva al Instituto Especializado de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado, organismo creado tras las reformas de justicia iniciadas en octubre de 2022 y formalizado mediante la Ley Orgánica de la Defensoría Pública publicada el 23 de marzo de 2023.

“La citada Ley Orgánica aún faculta a la Secretaría de Gobernación para coordinar o intervenir en acciones de defensoría de oficio, lo cual genera una evidente incongruencia con el diseño constitucional actual”, se señala en la iniciativa.

Actualmente, la legislación vigente ordena a la Segob prestar asistencia jurídica gratuita en el fuero común a personas de escasos recursos, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, además de coordinar políticas de prevención del delito y recopilar información de derechos humanos.

Con esta reforma, dichas responsabilidades se alinearán formalmente con la competencia judicial.

El poryecto también justifica la adecuación como necesaria para garantizar que la Segob no interfiera en los asuntos que competen estrictamente al Poder Judicial, así como al Archivo General del Estado en su carácter de organismo público descentralizado.

Con esta reforma se busca consolidar la autonomía e independencia de las instituciones encargadas de la administración de justicia penal y civil en la entidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis, estudio y posterior dictaminación.

Pero, debido a que la LXII Legislatura entró en periodo de receso el 16 de julio, el dictamen podría ser discutido y aprobado mediante una sesión extraordinaria convocada en las próximas semanas, o bien, hasta el 15 de septiembre, fecha en que se reanuda el periodo ordinario de sesiones.