–El gobernador de Puebla dijo que cubrió las infracciones con su sueldo, negó condonaciones y pidió a funcionarios asumir de su bolsillo cualquier sanción de tránsito.

Por Redacción

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reconoció que la camioneta en la que se traslada acumuló más de 130 fotomultas por exceso de velocidad y aseguró que las infracciones ya fueron pagadas con recursos de su propio sueldo.

El tema tomó fuerza luego de que medios locales y nacionales difundieran que la unidad registraba una larga lista de sanciones. Periódico Central reportó 134 fotomultas; otros medios, como Infobae y POSTA, manejaron la cifra de casi 140 o 140 infracciones. Ante la diferencia en los conteos, la referencia más prudente para publicación es “más de 130”.

Durante su conferencia del lunes 6 de julio, Armenta sostuvo que él no conduce habitualmente la unidad, sino un chofer asignado, como ocurre con otros funcionarios que cuentan con vehículo para sus traslados. Sin embargo, dijo que decidió cubrir el adeudo para cerrar cualquier duda sobre el uso de recursos públicos.

“Ya pagué la parte que corresponde al vehículo en el que yo me muevo”, afirmó el mandatario, al señalar que el pago fue realizado con su sueldo.

El gobernador también aseguró que no habrá condonaciones para este tipo de infracciones y pidió a los integrantes de su administración revisar la conducta de quienes manejan sus unidades. De acuerdo con su postura, si un funcionario acumula fotomultas, deberá pagarlas de su bolsillo y no con presupuesto de la dependencia.

La polémica resulta políticamente sensible porque el propio gobierno estatal ha defendido las fotoinfracciones como una herramienta para reforzar la seguridad vial y obligar a los automovilistas a respetar los límites de velocidad. El Gobierno de Puebla ha señalado, además, que la consulta oficial de detecciones por exceso de velocidad se realiza únicamente mediante plataformas institucionales.

Aunque Armenta buscó colocar el episodio en el terreno administrativo —pagar, corregir y advertir a su equipo—, el caso abrió una discusión pública sobre la responsabilidad de los vehículos asignados a funcionarios y sobre la congruencia de quienes aplican la norma frente a los ciudadanos.

El asunto no se agota en quién iba al volante. También coloca sobre la mesa una pregunta más incómoda: si las reglas de tránsito se exigen a la población, el gobierno está obligado a demostrar que se somete al mismo rasero.