Armenta promete frenar candidaturas de integrantes del “Cártel del Despojo”; habrá denuncias formales

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, alertósobre la intención de integrantes del denominado “Cártel del Despojo” e inmobiliario de contender por cargos de elección popular de cara al proceso electoral de 2027.
En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, el mandatario confirmó la operación de estas redes delictivas en la entidad, por lo que la Consejería Jurídica prepara denuncias formales sustentadas con pruebas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Claro que hay un cártel del despojo en Puebla. Claro que hay un cártel inmobiliario en Puebla, ya la Consejería está preparando una denuncia, con pruebas, y todavía quieren ser candidatos. Imagínense”, declaró.
El mandatario también cuestionó las aspiraciones políticas de quienes integran estas prácticas, pero además acusó a estos personajes de estar vinculados al saqueo fiscal y a la delincuencia, advirtiendo que su objetivo es buscar el respaldo de partidos políticos para competir por cargos municipales y aprovechar las estructuras de los ayuntamientos con el fin de fortalecer su modus operandi.
“Muchos delincuentes ya quieren ser apadrinados por partidos políticos para hacerse de las capacidades municipales y fortalecer su modus operandi en materia delincuencial”, afirmó.
Estrategia legal y combate institucional
De acuerdo con las indagatorias del gobierno estatal, estas estructuras operan aprovechándose de redes de poder para despojar a familias poblanas de su patrimonio, contando con la presunta complicidad de abogados, notarios, jueces y personal adscrito al Registro Público de la Propiedad y Catastro.
Las acciones institucionales contra este delito se han reforzado de manera paulatina desde 2025, año en el que el Ejecutivo alertó sobre la infiltración de grupos con recursos y vínculos nacionales en el Poder Judicial. Como parte de esta estrategia, el Congreso de Puebla aprobó el pasado 15 de marzo reformas al Código Penal estatal para endurecer las sanciones por despojo inmobiliario.
La legislación contempla penas de entre seis y 12 años de prisión, las cuales aumentan de siete a 15 años para los autores intelectuales, y pueden alcanzar hasta 20 años de cárcel si el ilícito se comete con fines comerciales o de fraccionamiento irregular.
Asimismo, las investigaciones han detectado anomalías previas en el sector fedatario y administrativo. En diciembre de 2025, la administración estatal reveló la detección de al menos 10 notarías con posibles irregularidades relacionadas con traspasos ilícitos de inmuebles, lo que derivó en acciones concretas como la detención en agosto de 2026 de un individuo identificado como José Manuel, acusado de hacerse pasar por notario dentro de estas redes de fraude.
Mientras, lo que se buscará, dijo es frenar la incursión política de los presuntos operadores de este cártel, sin que se hayan revelado nombres específicos o los cargos exactos a los que aspiran los señalados.
A su vez exigió a las fuerzas políticas de la entidad definir su postura y los filtros que aplicarán para elegir a sus abanderados, advirtiendo que no habrá posiciones intermedias frente a la delincuencia.
“Solo tienen dos opciones. No hay más. No hay puntos intermedios. Contra la delincuencia no hay puntos intermedios, porque la omisión es complicidad. Así es que o estás del lado de la ley o estás del lado de los delincuentes”, sentenció, al asegurar que buscará que se aplique la ley “llegue a donde llegue”.
Autor
Redacción PH
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