Por Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz

A estas alturas, ya deberíamos saberlo bien: en México, la libertad de expresión nunca ha sido realmente gratis. La factura llega, tarde o temprano, de maneras elegantes o burdas, dependiendo del talento –o la desesperación– de quienes ejercen el poder. Ahora, en Puebla, nos quisieron cobrar otra vez, y de paso envolvernos la cuenta en un papel de regalo llamado “artículo 480“. Y pues, señores diputados, gobernantes, dirigentes del partido hegemónico: no nos hagamos, esto ya lo vimos, y salió muy mal.

El artículo 480 del Código Penal poblano—la joyita legislativa que me ha hecho recorrer estudios de radio, firmar peticiones digitales, y hoy, por fin, pararme frente a la Suprema Corte—no es más que la misma vieja censura de siempre, pero maquillada para Instagram. Algo así como si Kafka hubiera contratado a Samuel García de asesor jurídico. Absurdo, pero peligrosamente atractivo para políticos con piel demasiado fina para la crítica.

Esto ya lo vimos antes, no nos hagamos. Lo vivimos con Díaz Ordaz, con Echeverría, con Bartlett—que nunca se fue realmente, solo mutó—y lo sufrimos también con esos gobernadores que cuando alguien les dice corruptos responden con demandas penales, no con transparencia. Pero claro, Alejandro Armenta—o Don Aguayo, el Pastor de Humo, como prefieren decir algunos en voz baja por temor al santo castigo—no inventó la censura. Ni siquiera eso puede presumir. Su único logro es revivirla en pleno 2025, digitalizada, mediática, y disfrazada de preocupación moral por las víctimas.

El problema con los intentos de censura disfrazados de leyes modernas es que, para ser eficaces, deberían al menos respetar nuestra inteligencia. Pero no. Aquí decidieron criminalizar la crítica bajo un término tan vago como “ciberasedio“.

¿En serio, señores diputados?

¿No pudieron ser más obvios?

Esto me recuerda aquella noche de debate, después de un foro universitario, cuando un viejo colega me dijo con dos tragos encima: “Luis, estos tipos no quieren gobernar, quieren mandar callando. Les incomoda la crítica, no saben argumentar, y les queda más fácil inventarse delitos que sentarse a debatir”.

Y tenía razón aquel colega (al que hace tiempo no veo, ojalá todavía conserve ese espíritu combativo). La política en México sigue atrapada en la lógica del PRI setentero, matraquero y farandulero: aquel que pensaba que para mantenerse en el poder había que silenciar voces. Pero olvidaron algo fundamental, algo que cualquiera que haya leído a Gramsci, o al menos haya discutido sobre política en una borrachera digna, podría explicar fácilmente: la hegemonía no se consigue censurando, sino convenciendo.

Claro que en Puebla, la élite gobernante –encabezada hoy por Alejandro Armenta y sus aliados en Morena– prefiere la vía corta. La vía de “cállese usted, ciudadano, que aquí mandamos nosotros“.

¿Y luego qué? ¿De verdad creen que una ley así pasa inadvertida en tiempos de redes sociales y movimientos ciudadanos? ¿De verdad creen que el poder político en este país sigue siendo inmune al desgaste, al ridículo, a la crítica incisiva? No, amigos gobernantes. No lo es. Y menos ahora que tienen enfrente a una sociedad harta, informada, furiosa, que ya les tomó la medida y que sabe cómo ridiculizar cada intento de atropello autoritario.

Por otro lado, sería injusto no reconocer que aún quedan políticos que entienden que la democracia es una conversación incómoda pero necesaria. Un reconocimiento especial al diputado Jorge Romero, del PAN, quien tuvo la inteligencia política –algo cada vez más escaso– de entender que esta lucha no es una bandera partidista, sino una defensa básica de la dignidad democrática.

Para al gobernador Armenta y compañía: prepárense. Esta batalla no acaba aquí. La Suprema Corte tiene ahora la palabra, pero la calle, las aulas universitarias, las redes sociales, seguirán hablando. Y nosotros, los que ya hemos visto estas maniobras cien veces, los que no le pedimos permiso al poder para decir lo que pensamos, seguiremos aquí, fastidiando con argumentos, con sarcasmo, con verdad.

Porque al final, ustedes podrán disfrazar la censura de ley elegante, pero jamás podrán disfrazar el cinismo de dignidad democrática. Y créanme: los ciudadanos ya se dieron cuenta. Les guste o no.

Acerca del autor

Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz es profesor-investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, analista incómodo de la cosa pública y columnista itinerante. Ha discutido a Gramsci con estudiantes sin aire acondicionado, se ha trenzado con rectorías que confunden poder con pedagogía y, cada tanto, desvela a gobernadores que sueñan con leyes mordaza. Entre cafés cargados y audiencias en la Suprema Corte, explora la intersección entre políticas públicas, big data y libertad de expresión. Cree en la crítica como obligación moral y prefiere una verdad que arda a un silencio que tranquilice.

@LuisEnriqueSan

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