Redacción PH

La Auditoría Superior del Estado (ASE) inició procedimientos de revisión a las cuentas de 2019, con miras a extenderlas hasta los informes de 2017, de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Organismo Público Descentralizado (OPD) Ciudad Modelo, con el fin de detectar posibles desvíos de recursos públicos durante administraciones panistas.

De acuerdo con su titular Francisco Romero Serrano, las auditorías están fundamentadas en una serie de irregularidades que se han identificado en las tres dependencias gubernamentales, por lo que deberán verificar si existen o no daños financieros.

Se trata de los expedientes ASE/04999-8018/ORAU-18/DFE-2020, dirigida a Raciel López Salazar, titular de la SSP; ASE/0001-8009/ORAU-13/DFE-2020, a José Antonio Martínez García, de la SSA, y ASE/0502-90132/ORAU-18-EX1/DFE-2020, a Víctor Alejandro Correau Galeazzi, director del OPD Ciudad Modelo.

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Las revisiones comenzaron el pasado lunes y se extenderán durante 2021 y de acuerdo con el organismo se dan en el marco del Programa anual de Auditoría de la Cuenta Pública de Puebla por el Ejercicio Fiscal 2019.

Sin embargo, la entidad fiscalizadora también aclaró que la auditoría puede incluir la solicitud de información y documentación de los ejercicios 2018 y 2017, es decir, desde la administración del panista Antonio Gali Fayad.

Por ello, los señalamientos corresponderían a las administraciones de Jesús Morales Rodríguez, en la SSP, Arely Sánchez Negrete, en SSA, y Jorge David Rosas Armijo, exdirector de Ciudad Modelo, todos ellos titulares durante la administración de Gali Fayad.

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Sin embargo, en el caso de Salud, las auditorías podrían llegar hasta las gestiones de Pablo Rodríguez Regordosa y Jorge Aguilar Chedraui, quienes estuvieron al frente de la dependencia durante el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Cabe recordar que el pasado 15 de diciembre, el gobierno presentó 12 denuncias por un monto de mil 259 millones 392 mil pesos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la investigación que hizo a 166 personas físicas y morales como probables responsables de delitos fiscales e irregularidades.