La Unidad Técnica de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla ha puesto en marcha los primeros procedimientos de responsabilidad administrativa contra exservidores públicos que formaron parte de la gestión de Amanda Gómez Nava, debido a presuntas anomalías financieras detectadas durante su encargo.

La diputada Norma Pimentel Méndez, secretaria de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE en el Congreso del Estado, confirmó que ya cuentan con el informe detallado de las irregularidades, en el que se hallaron anomalías como la adquisición de una camioneta blindada con un valor superior a los 2.8 millones de pesos y contratos de banquetes que ascienden a casi un millón de pesos.

Aunque la legisladora del Partido Verde se reservó el número exacto de implicados y los nombres específicos, enfatizó que la investigación ha avanzado lo suficiente para iniciar los procesos legales correspondientes.

“Se analizarán las sanciones pertinentes, que podrían escalar desde una amonestación privada hasta la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos”, dijo.

El futuro de los exfuncionarios ahora depende del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), instancia que determinará la gravedad de las omisiones o abusos cometidos.

No obstante, la diputada Pimentel dejó claro que la vía administrativa podría no ser el final del camino: de encontrarse elementos suficientes que constituyan delitos, se procederá con la presentación de denuncias penales ante las autoridades correspondientes para asegurar que no haya impunidad en el manejo de los recursos públicos.