José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, presentó los resultados preliminares de la auditoría realizada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), confirmando que la asignación de plazas docentes estuvo viciada por relaciones familiares, acuerdos internos y criterios discrecionales.

De acuerdo con el funcionario estatal, la revisión técnica evidenció un colapso en la trazabilidad administrativa de la dependencia. Entre las principales anomalías destacan:

• Debilidades estructurales: Procedimientos de asignación temporales y definitivos sin rigor técnico.
• Desorden documental: Expedientes incompletos y normatividad desactualizada.
• Inconsistencias financieras: Falta de coincidencia entre las convocatorias oficiales, las adscripciones reales y los pagos emitidos.

“Se detectaron fallas en la trazabilidad administrativa que permitieron prácticas irregulares, incluyendo la asignación de plazas por parentesco”, detalló García Parra durante la conferencia de prensa de este 5 de enero.

García Parra advirtió que el caso no quedará únicamente en el diagnóstico administrativo. Una vez que el expediente esté integrado en su totalidad, se tomarán medidas que van de dar vista a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y en los casos donde se identifique el uso indebido de recursos de la federación, se notificará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El coordinador remarcó que la auditoría no es una persecución política ni una amenaza para el magisterio poblano y aclaró que todos los que hayan obtenido sus plazas mediante procesos legales y normativos vigentes tienen su puesto garantizado y no sufrirán ninguna afectación

El objetivo final, aseguró, es establecer un “nuevo esquema de justicia laboral” donde el mérito y la carrera docente sean los únicos criterios para acceder a una plaza en la entidad.