Redacción PH
El lunes por la tarde Lauren Fleischer Louis, jueza de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, autorizó la extradición a México del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien tiene en su contra 21 cargos por diversos delitos vinculados con actos de corrupción cometidos durante su sexenio, en el periodo de 2010 a 2016.
El priista fue acusado por el gobierno de su sucesor panista, Javier Corral Jurado, del desvío de cientos de millones de pesos a campañas políticas y a empresas fantasma.
De acurdo con documentos presentados en varios medios se confirma que la autorización de extradición se dio tras una revisión minuciosa de las pruebas con las que se comprobó que existe una causa probable de que el acusado ha cometido los delitos que se le imputan.
“Yo certifico que Duarte es extraditable en cuanto a esos delitos y ordeno que Duarte sea detenido en espera tanto de una revisión de la solicitud de extradición de México por parte del Secretario de Estado como de la posible entrega de Duarte a México”, dice el documento.
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Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en la ciudad estadounidense de Miami, Florida, luego de permanecer prófugo desde marzo de 2017, y ser buscado por la Interpol por el presunto desvío de mil 230 millones de pesos.
Durante la pasada administración federal, la entonces Procuraduría General de la República interpuso peticiones de extradición contra el exmandatario priista, a petición de la Fiscalía General de Chihuahua.
Tras su detención el exgobernador argumentó que entró a Estados Unidos en busca de tratamiento médico y que permaneció “viviendo abiertamente y sin ningún esfuerzo por ocultarse de las autoridades”.
Sin embargo, la jueza determinó que existe evidencia preponderante de que el exmandatario salió de México en 2016 y permaneció en Estados Unidos con la intención de evadir la acción de la justicia en su país.
De acuerdo con la acusación contra Duarte, mientras era gobernador, dirigió una serie de transacciones a través de las cuales él o su familia recibieron fondos del gobierno. Precisa que, a partir de junio de 2011, desvió ilegalmente fondos gubernamentales aprobados para fines agrícolas a empresas con las que se le relaciona, así como a su familia y a una compañía propiedad de su esposa.
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La última de las supuestas transacciones se completó en diciembre de 2014 e involucró el desvío de más de 5 millones de pesos destinados a la compra de alimento para uso de los ganaderos, pero que, en cambio, terminó en una cuenta en poder de Duarte y luego fue utilizada para pagar sus impuestos.
