Fernando Manzanilla Prieto, titular de la SGG, reafirmó que la concesión de Agua de Puebla, es un tema que le corresponde resolver al gobernador electo y que debe analizarse, aunque se hará despúes de que tome protesta el próximo 1 de agosto.
Entrevistado al término de la colocación de la primera piedra del Centro de Convivencia Familiar, el funcionario criticó la forma en que la administración de Rafael Moreno Valle concesionó el servicio de agua potable de la capital.
“El contrato de la concesión del agua se hizo muy rápido, fue licitado desde el inicio hasta el final en un proceso de tres meses, cuando estos contratos a veces llevan seis meses o un año para poder incorporarlos”.
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Sin embargo, resaltó que no fue el único contrato en el que se actuó así, pues los contratos de obra pública y concesiones se otorgaron con “sospechosismo”
“…muchos de los contratos que se hicieron, de los contratos de concesión, de los contratos de PPS, de los contratos de obra pública importantes, todos guardan cierto sospechosismo, no fueron procesos transparentes y ese es el gran tema, que cuando el gobernador Barbosa, el gobernador electo, no puede avalar un tema que no conoce”.
Respecto a los pronunciamientos de Congreso Local o la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quienes también han comenzado procesos para intentar revertir la concesión, el secretario aseguró que le parece bueno que haya “otros actores” que opinen al respecto, sin embargo resaltó que el tema le corresponde exclusivamente al gobernador electo pues “la concesión fue otorgada por una administración estatal”.
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Incluso recordó que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) es un organismo que le compete al estado, con responsabilidad y financiamiento estatal, al cual se le destina 200 millones de pesos para pagar la deuda que tiene.
