Pareciera ser que un prolongado periplo de confrontación entre el gobierno del Estado de Puebla y la BUAP ha terminado. Es probable que se haya reducido a un desencuentro entre dos personas.
Bien por la estabilidad de Puebla.
Iniciado con mensajes, dimes y diretes mediáticos desde agosto pasado, el punto culminante de las diferencias políticas ha sucedido el pasado 9 de enero.
A la carta pública de cerca de 40 directores de unidades académicas de la BUAP, en la que se manifestaban en contra de la revisión preventiva de la Auditoria Superior del Estado de Puebla siguió un posicionamiento del Consejo Universitario celebrado el 9 de enero, en el que se rechazó la intervención de la ASE con una votación de 261 votos y una abstención.
Ahí, se acusó de chantajes, amenazas, violación a la autonomía universitaria y el depositario de las acusaciones cambió, ya no fue el gobernador Manuel Barbosa, ahora fue el diputado Gabriel Biestro.
El legislador respondió via twitter:
“En el Congreso de Puebla no aceptaremos chantajes ni amenazas de ningún tipo ni de ninguna persona @alfonsoesparzao. La actuación de la Comisión Inspectora y de la @AsePuebla ha sido y será un ejemplo de rectitud y legalidad.”
Hasta ahí el pleito público.
Pareciera traducirse en que ya no habrá confrontación ínter institucional.
Ya no más gobierno de Puebla vs BUAP.
El nombramiento de Guadalupe Grajales Porras como secretaría general de la BUAP transmite negociación; fin de la disputa.
Solución de mediano plazo. Una etapa no prevista para la Universidad.
Significa conciliación y confianza hacia la sociedad; no habrá conflicto social.
Provoca recomposición de fuerzas al interior universitario y un futuro político que no estaba contemplado en la sucesión rectoral.
El escenario para el 2021 ha cambiado drásticamente.
Pero ese escenario será compartido en próxima entrega.
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Luis Enrique Sanchez Fernández es periodista; ha escrito para impresos en papel, radio, televisión y portales digitales. Es universitario, historiador y cronista.
