Ponerle fin a los mil 198 juicios laborales que interpusieron los trabajadores despedidos durante la administración de Rafael Moreno Valle, le costaría al gobierno de Miguel Barbosa Huerta 701 millones 927 mil 636.86 pesos.

Confirmó José Luis Ayala Corona, presidente del Tribunal de Arbitraje, durante el primer Foro de Propuestas al Marco Legal de Trabajadores del Gobierno del Estado Sindicalizados, Rescindidos y Jubilados.

El funcionario recordó que dependencia que más juicios enfrenta es la Secretaría de Educación Pública (SEP) con 394; seguida de la de Finanzas con 261; Seguridad Pública 116; la de Gobernación tiene 115; Infraestructura 60; Desarrollo Económico 58; Policía Auxiliar 52; Contraloría 38; Desarrollo Rural 38; Desarrollo Social 27; Sectur 18 y Salud es el que tiene menos con 20.

Respecto a los montos y resoluciones, indicó que no se están tomando en cuenta diversos elementos, pues no todos los afectados reclaman lo mismo.

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Por ello 903 expedientes, corresponden a laudos que costarían 553 millones 922 mil 782 pesos; 196 son juicios ordinarios laborales y suman 68 millones 889 mil 26. 86pesos.

Mientras que, otros 99 casos están en ejecución por un monto de 79 millones 115 mil 828 pesos.

Ayala Corona recordó que en el caso de los que buscan ser reinstalados, por ser un tema de plazas, se analiza de forma conjunta con la Secretaría de Finanzas, mientras que sobre los jubilados y pensionados, el trámite le corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Puebla (Isstep).

En el foro también estuvo presente Abelardo Cuellar Delgado, secretario del Trabajo, quien escuchó las propuestas de los rescindidos, como la de crear un comité de transparencia y rendición de cuentas al interior del sindicato, adelantar la negociación salarial, para que ésta sea en enero y no a fin de año y que haya igualdad entre sindicatos en cuestiones salariales.

También sugirieron un incremento al sueldo base y en las prestaciones del personal jubilado, y es que, acusaron, que en 2015 y 2017 no lo tuvieron, además de que en el caso de quienes piden su reinstalación se les reconozca su antigüedad.

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Y es que, denunciaron, los que fueron recontratados, les pusieron la condición de que empezaran de cero, es decir, como si fuera la primera vez que tenían trabajo.