• El gobierno estatal admite que nueve de las 94 torres ocuparían tres predios privados sin acuerdo cerrado y vuelve a poner sobre la mesa una palabra que había descartado seis días antes: expropiación.

Nueve torres sin suelo asegurado

El Cablebús de Puebla ya tiene obra en marcha, pero el gobierno estatal todavía no controla toda la superficie necesaria para construirlo. José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, reconoció que alrededor de nueve torres tendrían que levantarse dentro de tres predios pertenecientes a empresas privadas y que, hasta el 16 de septiembre, la administración no había alcanzado un acuerdo con sus propietarios. También admitió que faltaban permisos municipales y que apenas se habían obtenido tres licencias de construcción.

La revelación no cancela el proyecto ni demuestra por sí sola una irregularidad. Sí exhibe una secuencia incómoda: la contratación y los trabajos comenzaron antes de cerrar la disponibilidad jurídica de todos los puntos donde deberán asentarse las estructuras. En una obra lineal, una fracción de terreno puede parecer pequeña hasta que se convierte en el lugar exacto donde debe caer una torre.
García Parra dijo que el gobierno ya habló con las áreas administrativas de las empresas. Entre las salidas mencionó la compra o negociación, la donación de las superficies y un eventual procedimiento de expropiación con indemnización. Ninguna de esas opciones se ha formalizado públicamente. Tampoco se conocen las compañías involucradas, el tamaño de los polígonos ni el valor estimado de las afectaciones.

El dato que cambió en seis días

La admisión contradice la certeza con la que el asunto fue presentado apenas unos días antes. El 10 de septiembre, coberturas sobre la posición gubernamental aseguraron que no habría expropiaciones. Otra publicación informó que 91 de las 94 torres se instalarían en vía pública y que sólo tres quedarían en propiedad de empresas privadas.

La actualización del 16 de septiembre cambió la escala: ya no se habla de tres torres privadas sino de cerca de nueve estructuras repartidas en tres predios. Puede tratarse de una imprecisión en el primer reporte, de un ajuste técnico o de una distinción mal explicada entre número de terrenos y número de torres. El gobierno no ha publicado el plano parcelario que permitiría resolverlo.

Ese documento importa más que el intercambio de declaraciones. Debe mostrar cuáles torres invaden propiedad privada, cuánto suelo necesita cada una, qué accesos permanentes requerirá su mantenimiento y si el trazo puede modificarse sin afectar estaciones, pendientes o tiempos de traslado. Mientras esa cartografía siga reservada, la discusión pública depende de cifras que el propio gobierno ha ido corrigiendo.

Un costo todavía sin cifra

No existe, al menos en la información difundida, un avalúo de los tres predios ni una bolsa identificada para comprarlos o indemnizar a sus dueños. Tampoco se ha explicado si el contrato integral del Cablebús contempló estas adquisiciones, si el contratista asumirá algún ajuste o si el erario cubrirá por separado los costos inmobiliarios.

La falta de esos datos impide calcular un sobrecosto. Sería incorrecto afirmar que ya existe. El riesgo, en cambio, es verificable: sin convenio, compra, donación o expropiación consumada, esas nueve torres dependen de una negociación posterior al arranque de la obra. Un desacuerdo puede retrasar frentes de trabajo, forzar cambios de trazo o elevar el precio de superficies que ahora son indispensables para una inversión pública ya comprometida.

La planeación gubernamental queda así atrapada en su propia cronología. Si los predios eran necesarios desde el diseño, debieron identificarse antes de presentar la obra como completamente resuelta. Si aparecieron después, la administración debe explicar qué cambió en la ingeniería y quién asumirá el costo de esa corrección.

La respuesta oficial

García Parra sostuvo que las conversaciones avanzan y que existe disposición de los propietarios. También dijo que las primeras asambleas informativas fueron exitosas y acusó a personas ajenas a las colonias de intentar boicotearlas. No presentó nombres, incidentes documentados ni denuncias que permitan verificar esa acusación.

La respuesta oficial, por ahora, ofrece confianza y alternativas, pero no un acuerdo. El asunto puede resolverse sin litigio y hasta mediante una donación; eso sigue siendo posible. Lo que ya no puede sostenerse es que todos los terrenos estaban asegurados o que la expropiación había quedado definitivamente fuera del tablero.

La pregunta editorial no es si el Cablebús debe construirse. Es por qué una obra de esta escala comenzó antes de que el gobierno pudiera demostrar que tenía dónde colocar cada una de sus torres.

Con información de: Ambas Manos · Oro Noticias · Diario Cambio · DiMás TV