La “cuarta transformación” eligió para su debut la abrogación de la Ley Bala, sin embargo aún están pendientes por revocar tres reformas por las que Rafael Moreno Valle esperó hasta 2013, momento en que logró que el Congreso de Puebla se pintara de azul, para concretar.
En su primera sesión y por unanimidad los 41 diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura al ponerle fin en fast track y por “albazo”, como acusó Rocío García Olmedo, diputada del PRI, dieron entrada a que se reviertan de manera inmediata la concesión a Agua de Puebla, la Ley de Expropiación Exprés y se devuelvan las facultades a juntas auxiliares.
Agua de Puebla
Aunque el retirarle la concesión de la administración del vital líquido a Agua de Puebla fue la bandera de candidatos a la gubernatura, diputados y hasta alcaldes, el que la llevó con mayor pasión y la hizo una de sus principales propuestas fue José Juan Espinosa Torres, ahora diputado por del PT y presidente de la mesa directiva del Congreso.
Agua de Puebla, nombre que se le dio a la filial de Concesiones Integrales y que pudo llegar, gracias a las reformas a la ley del agua que se hicieron en 2013, desde el inicio del proceso electoral ha tenido que lidiar con una serie de reclamos y descontentos no sólo de los usuarios, sino también de organizaciones defensoras del agua y del sector empresarial.
En varias ocasiones se le ha reclamado a la empresa dirigida por Héctor Durán Díaz, el mal servicio y los cobros excesivos, además de la colocación sin autorización de los usuarios de medidores, por lo cual los usuarios demandan la rescisión de la concesión y el regreso de Soapap.
Agua de Puebla fue beneficiaria de una concesión de 30 años por la cual pagó mil 500 millones de pesos, y que durante su primer año de operación recaudó mil 250millones de pesos, mientras que diariamente gana en promedio 3 millones de pesos.
De acuerdo con Martha Erika Alonso Hidalgo, gobernadora electa, retirar la concesión costaría hasta 3 mil millones de pesos, por lo que el último recurso que considerará su administración será el de la revocación.
El concretar su cancelación queda en manos del Congreso y su principal promotor: el expriista, exconvergente y exmorenista Espinosa Torres, quien también es reconocido por hacer o reventar acuerdos según le convenga.
En caso de que no se logre nada a nivel local, desde el Senado podría hacerse pues Martí Batres, presidente de la Cámara Alta propuso reformar la Ley de Aguas Nacionales, para derogar el capítulo segundo, cuyo argumento se basa en que el agua es un derecho humano fundamental.
Con su derogación se podría prohibir el ingreso de la iniciativa privada, ya que sólo se lucra con este derecho que tienen los ciudadanos y el estado es el único responsable de garantizar el acceso al vital líquido.
Facultades de juntas auxiliares
Otra de las modificaciones que tuvo el sello de Rafael Moreno Valle fue la reforma de la Ley Orgánica Municipal en 2013, la cual tuvo el fin de convertir a las juntas auxiliares en órganos desconcentrados de los ayuntamientos por lo que se les retiraron sus facultades de Registro Civil, servicios de seguridad pública y procuración de justicia.
La reforma, que afectó a las 650 juntas auxiliares de Puebla, fue lo que detonó la represión del 9 de julio de 2014, cuando habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente a Santa Clara Ocoyucan tomaron un tramo carretero de la federal a Atlixco. Ello derivaría en un enfrentamiento en el cual los granaderos y policías estales “estrenaron” con los campesinos la Ley Bala, misma que en meses antes fue aprobada por los diputados morenovallistas.
Por ello, la ahora minoría que representa el morenovallismo se sumó a la iniciativa de reforma de Movimiento Ciudadano (MC), para devolverle facultades a las 650 juntas auxiliares, que les retiraron a base de balas de goma y encarcelamientos de presidentes auxiliares en 2014.
Sin embargo, su propuesta sólo contempla asignarles recursos públicos, más no regresarles sus facultades sobre el registro civil, procuración de justicia y seguridad pública.
La reforma “a medias” cuenta con el respaldo de Compromiso por Puebla (CPP), Nueva Alianza, PRI y PVEM, por lo que -de aprobarse tal y cómo está- no se resarciría el daño que en 2013 comenzó Moreno Valle.
Expropiaciones exprés
Otros de los temas que ingresó en la primera sesión fue la derogación de la reforma a la Ley de Expropiación del Estado de Puebla, ocurrida en marzo de 2014 y que permitió al gobierno del estado, legalmente, expropiar bienes de manera exprés y sin derecho de audiencia.
La ley presentada por Eukid Castañón Herrera, uno de los principales operadores políticos de Moreno Valle, permitía incautar inmuebles o predios bajo el argumento de la “inmediatez y urgencia” y evitaba que la autoridad notifique por escrito a los afectados.
Uno de los entonces afectados fue al empresario y ahora diputado local por Morena, Emilio Maurer Espinoza a quien el gobierno intentó despojarlo de 700 hectáreas de la exhacienda Tamariz.
La ley, resultaba completamente desventajosa para los ciudadanos quienes solo tendrían ocho días hábiles para interponer un recurso administrativo, además de que el gobierno no estaba obligado a suspender las obras en el inmueble y en caso de que ganara el ciudadano sería indemnizado “en caso de que existan daños estructurales”, aunque el pago estaba sujeto a la capacidad presupuestal del gobierno.
La iniciativa se remitió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pese a que dicho órgano aún no se conforma.
