PeriodismoHoy

25 enero, 2025

Redacción PH

Congreso de Nayarit despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación

Con 17 votos a favor y 12 en contra, las y los legisladores de Nayarit aprobaron diversas reformas al Código Penal local los cuales permitirán que las mujeres y personas gestantes puedan decidir sobre la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Con la despenalización el Congreso de Nayarit da cumplimiento a la sentencia que desde 2021 la Suprema Corta de Justicia de la Nación (SCJN) emitió al determinar que criminalizar la interrupción del embarazo era violatorio de la Ley.

Desde entonces, fue obligación de los estados reformar sus leyes locales, sin embargo varios estados fueron aplazando el cumplimiento de la resolución de la SCJN.

Uno de esos estados fue Nayarit, donde activistas y colectivas reclamaron a través de un amparo promovido en 2023 el cumplimiento de la sentencia, fue así que en agosto del 2024, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito sentenció que la legislatura nayarita debía derogar artículos del Código Penal local que penalizaran la interrupción del embarazo.

Esto tras determinar que al continuar criminalizando el aborto consentido o autogestionado era “un acto de violencia y discriminación en razón de género, al reducir a las mujeres y personas gestantes al único fin de de la procreación”.

También advirtieron que la penalización absoluta del aborto vulneraba el derecho a la salud, por lo que dieron como plazo al Congreso de Nayarit hasta diciembre de 2024 para despenalizarlo.

Como parte de las reformas aprobadas también se retiraron las sanciones a profesionales de la salud que realizan estos procedimientos de manera consentida.

El dictamen aprobado quedó así:

“Se impondrán de 3 a 6 meses de prisión multa de hasta 20 días a la mujer o persona con capacidad de gestar y que voluntariamente procure la interrupción de un embarazo o consienta que otra persona lo practique después de las 12 semanas”.

Asimismo, será de cinco a 10 años de prisión y multa de hasta 50 días a quien haga que una mujer con capacidad de gestar interrumpa su embarazo en cualquier momento de la gestación “sin su consentimiento o en contra de su voluntad”.

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