22 septiembre, 2025
Luis Enrique Sánchez Fernández
El caso Nódica cambia la lectura sobre la estrategia de comunicación del gobierno de Alejandro Armenta. Ya no se trata solo de un “proyecto interno” para posicionar al gobernador en redes sociales, sino de la tercerización de la narrativa oficial en una empresa privada, con todas las implicaciones que ello conlleva.
Primero, está la sombra de un contrato millonario y opaco: recursos públicos canalizados hacia una firma cuya tarea principal no es informar a la sociedad, sino controlar la conversación digital.
Segundo, la posible operación de propaganda disfrazada de comunicación social: contenidos que aparentan ser espontáneos pero que, en la práctica, funcionan como campañas de autobombo, ataques a críticos y control de la agenda pública.
Tercero, la presión a empleados públicos: si se les obliga o “sugiere” publicar mensajes desde sus cuentas personales, la estrategia trasciende lo empresarial y se convierte en un uso indebido de la burocracia como ejército digital.
En términos críticos, Nódica se perfila como el brazo digital privatizado del
gobernador, y esto abre dos aristas ineludibles:
Por ello, la respuesta del gobierno no puede quedarse en un simple desmentido.
Negar no basta. Lo que corresponde es transparentar contratos, detallar estrategias
y abrirse a la autocrítica.
De lo contrario, el intento de controlar la narrativa corre el riesgo de transformarse en un boomerang que golpee la credibilidad de la propia gestión. Y en política, la credibilidad es un recurso mucho más valioso —y mucho más difícil de recuperar— que cualquier trending topic.
O más sencillo, explicito y entendible: el “responsable” de la “Comunicación Social” del Señor Gobernador lo ha metido en un brete.
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