Domingo, junio 08, 2025
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11 diciembre, 2020
Redacción PH
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La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este viernes un proyecto de ley para la legalización del aborto impulsado por el presidente Alberto Fernández que recoge un viejo reclamo del movimiento feminista.
La iniciativa que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación fue aprobada de madrugada por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones luego de un debate de más de 20 horas seguido por decenas de miles de manifestantes.
Se prevé que en los próximos días el proyecto pase al Senado, que tendrá la última palabra, dos años después de que en 2018 la propuesta no pasara en la misma representación por siete votos.
Su aprobación en el Congreso estuvo antecedida y precedida por la presencia de miles de mujeres que se mantuvieron en las inmediaciones del recinto siguiendo la discusión de los legisladores.
Argentina penaliza actualmente a las mujeres y a quienes les ayudan a abortar. Las únicas excepciones contempladas por ley son los casos de violación o riesgo para la salud integral de la madre, que están recogidos en protocolos que no se cumplen en unas ocho provincias del país, de acuerdo con denuncias de legisladores.
Se estima que los abortos clandestinos que han causado más de 3 mil muertes en el país desde 1983, según las autoridades. El gobierno señaló que cada año alrededor de 38 mil mujeres son hospitalizadas por estos procedimientos.
Según el proyecto de ley, fuera del plazo de las 14 semanas el aborto se podría practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
También contempla que la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de los 16 años. La de menor edad tendrá que ejercer los “derechos a través de sus representantes legales”.
Además, incluye la figura de la objeción de conciencia expresada de forma particular por parte de los profesionales de la salud y también de las instituciones médicas privadas en las que todos sus médicos estén en contra de la práctica. Pero establece que los centros que no cuenten con profesionales dispuestos a realizar la interrupción del embarazo deben derivar a las pacientes a otra institución.
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