PeriodismoHoy

10 diciembre, 2024

Redacción PH

Nueva Zelanda presenta propuesta de ley para prohibir las carreras de galgos

El gobierno de Nueva Zelanda ha dado un paso decisivo hacia la protección de los galgos al presentar un proyecto de ley que busca prohibir las carreras de galgos para el año 2026.

La decisión se tomó tras reportarse una tasa inaceptablemente alta de lesiones entre los perros de competición, a pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones en la industria.

Las carreras de galgos han sido una práctica popular en países como Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido, pero también han sido objeto de críticas debido al maltrato y las altas tasas de lesiones y muertes entre los perros.

El viceprimer ministro neozelandés, Winston Peters, quien también es responsable de la regulación de las carreras, explicó que aunque la tasa de muertes ha disminuido, las lesiones siguen siendo un problema grave.

“A pesar de los progresos, el porcentaje de perros heridos sigue siendo elevado. Ha llegado el momento de actuar en el interés de los animales”, señaló Peters, resaltando que la situación es insostenible.

El proyecto de ley busca enmendar la Ley de la Industria de Carreras para evitar el sacrificio de galgos y reubicar a los aproximadamente 2 mil 900 perros que participan actualmente en esta industria en Nueva Zelanda.

El proyecto de ley ha sido bien recibido por las organizaciones defensoras de los derechos de los animales. La Sociedad Protectora de Animales de Nueva Zelanda (SPCA) celebró la iniciativa, mientras que el sector de las carreras de galgos ha mostrado su desacuerdo con la medida. Sean Hannan, presidente de Racing New Zealand, calificó la propuesta como un “golpe devastador” para la industria, que emplea a más de mil personas.

Con esta iniciativa, Nueva Zelanda se une a otros países que ya han prohibido las carreras de galgos, como Argentina y Uruguay, además del estado de Florida en Estados Unidos (2021).

El gobierno de Nueva Zelanda espera que la ley sea aprobada con urgencia y entre en vigor dentro de unos 20 meses, tras un período de transición.

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