Lunes, septiembre 15, 2025

19 junio, 2025

Redacción PH

García Parra defiende ley de ciberseguridad; hay más de 1,500 ciberdelitos en Puebla sin judicializar

José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del gobierno de Puebla, justificó la reforma a la Ley de ciberseguridad y la creación del tipo penal de ciberasedio, asegurando que en Puebla hay más mil 500 denuncias por ciberdelitos que no pudieron judicializarse debido a la inexistencia de un tipo penal para procesar a los responsables.

Sin embargo, tras entrar en vigor la nueva ley, dos denuncias han prosperado y ahora se podrán castigar a los responsables, aseveró el funcionario estatal.

Incluso, recordó que Puebla es quinto lugar en México con mayor incidencia de ciberdelitos en lo que va del presente año.

Con la puesta en marcha de la nueva legislación, se espera que las carpetas de investigación abiertas por este tipo de delitos no queden impunes y se facilite el acceso a la justicia para las víctimas,.

“Esta iniciativa busca precisamente hacer justicia y proteger a todas y todos los poblanos”, dijo el funcionario.

Sin embargo, sobre los señalamientos de censura, en específico por la redacción del artículo 480 que abre la puerta a interpretaciones excesivas y actos de censura, García Parra no hizo señalamiento alguno.

De acuerdo con la reforma aprobada y lo señalado en dicho artículo, el delito de ciberasedio es aquel que a través de la utilización de “las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico, o cualquier espacio digital se insulte, injurie, ofenda, agravie, o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.

El ciberasedio forma parte de la reforma a la Ley de Ciberseguridad aprobada, y en donde se logró la tipificación de diversos delitos que se cometen a través del ciberespacio, como son: fraude electrónico, el robo de identidad digital, la suplantación de perfiles, la extorsión digital y el acoso en línea, siendo el acoso el delito por el cual los ciudadanos podrían enfrentar penas que van de los 11 meses a 3 años de prisión y una multa por 33 mil 942 pesos mexicanos.

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