Jueves, noviembre 21, 2024
Jueves, noviembre 21, 2024
31 octubre, 2024
Redacción PH
Ante el probable daño patrimonial por 497.2 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la cuenta pública 2023 del gobierno de Puebla, descartó la existencia de algún daño y aseguró que las observaciones erán solventadas.
Confirmó Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla y la Secretaria de Función Pública (SFP) en un comunicado, aclaraciones que se hicieron horas después de la ASF publicara la segunda entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2023.
En su comunicado la ASF precisa que las observaciones se limitan a “proyectos integrales” que ya están concluidos, pero se presentará la información comprobatoria para solventar el gasto.
Esto en referencia a las observaciones que se hicieron por dos contratos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFE).
De acuerdo con la ASF se observaron deficiencias en la integración de los expedientes de servicios, como la falta del acta-entrega recepción y, en el caso de la obra pública, la falta de documentación que acredite el proceso de contratación y adjudicación por 489 millones 862 mil de pesos, de los que no justifican ni comprueban el gasto.
Mientras que en el Fondo de Aportaciones Múltiples –para la infraestructura educativa básica, media superior y superior– se determinaron conceptos de obra pagados que no se encontraron devengados al 31 de marzo de 2024, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7 millones 343 mil pesos.
Ante los señalamientos la SFP de Puebla precisó que dentro paquete de observaciones se consideran montos totales de dichos proyectos, es decir, no se toman en cuenta las obras y/o acciones parciales que, en conjunto, forman parte de la integralidad del propio proyecto.
Adelantan que cuentan con la información y documentación que aclara y justifica el monto observado, misma que se presentará ante la ASF para la solventación respectiva dentro del plazo de 30 días que marca la ley.
Incluso recalcan que es normal que dentro de cualquier auditoría, más tratándose de entes públicos, se realicen observaciones que tengan que ser sustentadas como parte del proceso, por lo que piden que no se considere como un daño al erario, pues se trata de algo que la autoridad auditora pide sea clarificado con el fin de no incurrir en algo indebido de acuerdo a los supuestos de ley.
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