Miercoles, febrero 18, 2026
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5 noviembre, 2019
redaccionph
Jonathan Collantes Cabañas, diputado sin partido, propuso en el Congreso de Puebla, sanciones de hasta 42 mil pesos y de 3 a 5 años de prisión a aquellos transportistas que no cuenten con ni permisos de transporte público o de taxi.
En el Congreso de Puebla el legislador presentó la iniciativa de decreto para reformar el artículo 190 del Código Penal para que quienes no acrediten estar dados de alta como microbuses o servicio mercantil reciban multas de 25 mil 347 a 42 mil 245 pesos y hasta se les podría suspender definitivamente la licencia de conducir.
Lo anterior, al considerar los reportes de taxis piratas que se han reportado en el Periférico, Atlixco, Plaza San Diego y en la entrada de Lomas de Angelópolis.
“Una de las mayores problemáticas que se puede observar en transporte público es que camiones, microbuses y taxis carecen de placas o no están registrados a partir de la concesión, lo que es un factor de riesgo para la ciudadanía, a pesar de operativos”.
Mientras que la diputada de Morena, Barbara Morán Añorve propuso la iniciativa de decreto para reformar el artículo 380 del Código Penal de Puebla, y se establezca como agravante el uso de dichos vehículos para delinquir.
En ese sentido recordó que se han incrementado los asaltos, sobre todo a cuentahabientes o gente en sus autos, por parte de hampones a bordo de motos, lo cual deja en mayor desventaja a la víctima.
Por ello advirtió la importancia de añadirse el concepto, la sanción, de acuerdo con el 378 del mismo código, para estimar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor comercial del objeto de apoderamiento.
Mientras que, si por alguna circunstancia la cuantía del robo no fuere estimable en dinero o si por su naturaleza no se hubiere fijado su valor, se impondrán de uno a cinco años de prisión y de 50 a 125 días de salario mínimo, es decir, de 5 mil 134 a 12 mil 835 pesos.
Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
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