Poder Judicial de Puebla reestructura sus salas civiles, penales y especializadas

Redacción PH

Con la finalidad de fortalecer la impartición de justicia y en apego a la Ley Orgánica que rige el actuar del Poder Judicial del Estado de Puebla, se llevó a cabo la reestructuración de las salas Civiles, Penales y Especializadas que lo integran.

De esta manera, la Sala Constitucional dejó de ser un órgano autónomo para integrarse al Tribunal Superior de Justicia como Sala Especializada en Materia Constitucional, de la que forman parte la magistrada Emma Mónica Garibay Hernández, y los magistrados José Norberto Rodríguez Medina e Ismael de Gante.

De igual forma, la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas queda conformada por los magistrados: Edgar Sánchez Farfán, Raúl Palomares Palomino y Martín Fuentes Morales.

En cuanto a la Sala Unitaria Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes, se designó al magistrado Marcos Gabriel Moreno Gavaldón.

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En lo que respecta a las Salas Civiles y Penales, quedaron integradas de la siguiente manera:

Segunda Sala Civil: magistrada Emma Peralta Juárez, magistrados José Grajales Espina, Humberto Arroniz Meza.

Tercera Sala Civil: magistrada María de los Ángeles Muñoz Cortés y magistrados Ricardo Velázquez Cruz, José Miguel Sánchez Zavaleta.

Cuarta Sala Civil: magistradas Claudette Hanan Zehenny y María Belem Olivares Lobato así como por el magistrado José Montiel Rodríguez.

Quinta Sala Civil: magistrada Mara Gómez Pérez y magistrado César Iván Bermúdez Minutti.

Primera Sala Penal: magistradas Marcela Martínez Morales, magally Escamilla Rodríguez y magistrado Amador Coutiño Chavarría.

Segunda Sala Penal: magistrados Raymundo Israel Mancilla Amaro y Juan Jesús Gutiérrez Estrada.

Tercera Sala Penal: magistrados José Octavio Pérez Nava, Gerardo Gutiérrez Gayosso y Jared Soriano Hernández.

Cuarta Sala Penal: magistrada Yrina Yanet Sierra Jiménez y magistrados Isaí Rivas López, Abelardo Gil Martínez.

Con esta reestructuración se fortalece la impartición de justicia para responder de manera más efectiva a las necesidades de la población, garantizando un servicio de calidad, eficiente y acorde a los principios de legalidad, imparcialidad, y equidad.