Jueves, octubre 16, 2025
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3 octubre, 2018
Hilda Flores
José Juan Espinosa Torres, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), precisó que la alcaldesa electa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco debe cumplir con su promesa de campaña de quitarle el control del agua potable a la empresa Concesiones Integrales.
Y es que, hace un día la morenista reconoció que no podrá municipalizar el servicio de agua potable, debido a que dicha labor durará hasta cinco años, el cual se convirtió en el pretexto perfecto para que el ex edil de San Pedro Cholula se lanzara en su contra y le exigiera “no lavarse las manos”, pues sería grave no cumplir con una de las promesas más importantes de campaña.
De acuerdo con Espinosa Torres lo dicho por la Rivera Vivanco carece de “sustento ideológico y técnico”.
“Antes de lavarse las manos de uno de los compromisos más importantes que tenemos quienes participamos en Morena, PES y PT, honre la palabra empeñada durante la campaña. Sería muy grave, no solamente para su gobierno sino para esta coalición, que se lave las manos como al parecer lo está haciendo.
Confío en que rectifique su postura y que tenga muy claro en que Morena se cumple su palabra”, subrayó.
En entrevista por separado, Gabriel Biestro Medinilla, diputado local de Morena, también se expresó en contra de la declaración de Rivera Vivanco, pues aseguró que el municipio de Puebla debe garantizar que el servicio de agua potable sea público y no privado.
“El agua es un derecho humano y tiene que ser garantizado por el gobierno, tiene que ser un servicio público. Es como decir, en Puebla no estamos capacitados para dar alumbrado público, tienen que estarlo, emprender las medidas para que el municipio responda”, puntualizó.
Recordó que revertir la privatización del agua es una iniciativa que se promueve desde las cámaras de Diputados y de Senadores, por lo que deben ir en esa línea.
El pasado lunes 1 de octubre, Espinosa Torres presentó una iniciativa para reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla, en donde se pretende eliminar la privatización del servicio de agua potable, la cual fue turnada a las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y de Medio Ambiente para su análisis y resolución.
En dicha propuesta, el legislador del PT fijó un plazo de seis meses para que los diputados puedan analizar y discutir una nueva Ley de Aguas para el Estado de Puebla, y se otorgue ese mismo tiempo a los ayuntamientos para crear un nuevo organismo que garantice el derecho del agua.
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