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3 octubre, 2019
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Por Gabriela Xelano
Con sólo 93 defensores y asesores, y sin ninguna referencia sobre su esencia jurídica como organismo en las leyes locales, así opera la defensoría pública en Puebla.
Así lo señala la investigación “La defensoría pública en México. El acceso a la justicia de los desposeídos”, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la cual se observa que hasta abril de 2019, el estado cuenta con únicamente 93 asesores, de los cuales 79 son defensores públicos y 14 asesores públicos.
Ellos deben encargarse de atender a las 6 millones 168 mil 883 personas que habitan en Puebla, lo que representa una tasa de 1.5 servidores por cada 100 mil habitantes, la segunda cifra más baja del país.
Sin embargo, de acuerdo con el Julio E. Sancliment Martínez, autor del estudio, la sobrecarga de trabajo con la que lidian los defensores, quienes en promedio reciben un nuevo caso tres días, implica que al mismo tiempo que no se garantice la defensa adecuada de los derechos de las personas que enfrentan un proceso penal y cuya situación económica no les permite solventarlo.
Lo anterior resulta preocupante, ya que el servicio que brinda el gobierno, al mismo tiempo atenta contra la propia esencia del Estado mexicano al no asegurar que las personas tengan acceso a sus derechos, contradiciendo unas de las máximas de la democracia y el auténtico Estado de Derecho.
En el caso de Puebla las fallas están relacionadas con la falta de autonomía que tiene el organismo, aunque la situación no es exclusiva del estado y ocurre en ocho entidades más en las que en su legislación local tampoco se hace referencia a la esencia jurídica de su Defensoría Pública.
Lo anterior incide directamente en su desempeño pues al carecer de personalidad jurídica, carece de autonomía, la cual, en esencia, le debería permitir distanciarse y ganar independencia de los poderes tradicionales.
Sin embargo, Puebla no es el único estado en el que su defensoría carece autonomía de gestión, financiera, operativa, técnica y funcional, también ocurre lo mismo en Baja California, San Luis Potosí y Veracruz.
Pese a que está supeditada, la defensoría en Puebla tiene la capacidad de atender procesos en materia penal, civil, familiar, mercantil y administrativa.
No obstante carece de personal para llevar asuntos en materia constitucional o juicios de amparo, contrario a lo que ocurre en Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Yucatán
Tampoco hay un defensor para temas de materia laboral, fiscal y agraria, lo cual podría deberse a que en el estado existen delegaciones de las procuradurías federales especializadas en estas materias.
Sin embargo en los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, Tlaxcala y Zacatecas sí cuentan con un defensor en materia laboral, pese a que existe también cuentan con una representación federal de las procuradurías especializadas.
Lo mismo ocurre con temas de defensa agraria y fiscal, dependencias que sí existen en Coahuila, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Durango.
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