Domingo, octubre 19, 2025
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31 julio, 2019
redaccionph
José Alfredo Arango García, exsecretario de Salud en la administración de Mario Marín Torres y quien se convirtió en el primer marinista detenido por la administración de Rafael Moreno Valle, tras siete años de persecución, ganó la batalla legal que lo llevó a estar encarcelado cerca de un año.
Este miércoles, a unas horas de que tome protesta Miguel Barbosa Huerta, se confirmó que el exfuncionario obtuvo una sentencia definitiva del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con lo publicado por el periodista poblano Armando Álvarez, la sentencia quita a Alfredo Arango la sanción de mil 904 millones 448 mil y su inhabilitación para ejercer como funcionario publico.
En sentencia definitiva el poder judicial de la federación quita a Alfredo Arango, la sanción de $1,904 millones 448 mil y su inhabilitación por violaciones a los derechos humanos a retrasar injustificadamente la emisión de la sanción por parte de la ASE. #Puebla pic.twitter.com/SGpp7sB9cp
— Armando Alvarez (@alvarez_armando) July 31, 2019
Lo anterior debido a violaciones a los derechos humanos a retrasar injustificadamente la emisión de la sanción por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Durante su campaña el primer gobernador emanado del PAN en Puebla prometió combatir la impunidad, por lo que tres días antes de que rindiera su primer informe de gobierno, durante la madrugada del 12 de enero de 2012 el exfuncionario fue detenido en su domicilio.
Horas más tarde, Víctor Carrancá Bourget, entonces procurador y aún hoy fiscal (con licencia) general del estado, anunciaba que la orden de aprehensión se libró desde el jueves 5 de enero y se hizo efectiva luego de que el juez octavo otorgó una orden de registro.
Dentro del proceso judicial 11/2012 al marinista se le acusaba de un enriquecimiento ilícito por un monto de 54 millones de pesos, desfalco por el cual también podría ser castigado con dos o hasta 11 años de prisión por no comprobar el origen de sus propiedades.
Con un Arango detenido, conforme continuaba el proceso siguieron apareciendo acusaciones en su contra, según comprobó la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Uno de ellos fue por el uso de 60 millones de pesos del Seguro Popular para el pago de la seguridad social, retiro y seguros privados de la burocracia.
El informe también advirtió del pago a aviadores por 26 millones de pesos, y la compra de medicamentos no autorizados y con sobreprecio. En total, la ASF estima un daño probable al erario por un total de 89 millones de pesos.
Al informe se le sumaría el señalamiento por el subejercicio del 43 por ciento de los recursos destinados al cuidado de la salud de los poblanos, “ya que al 31 de diciembre de 2010 no había ejercido 1 mil 084 millones 263 mil pesos”.
El funcionario pasaría más de un año en prisión y conforme continuaba el proceso, el exfuncionario acumularía sanciones por daño patrimonial y administrativo en su cuenta pública de 2010, hasta llegar a sumar 13 mil 317 millones de pesos.
Sin embargo, a través de varios recursos Arango García lograría reducir y ajustar las sanciones, siendo en 2017, casi al finalizar el periodo de Moreno Valle cuando lograría el reajuste más significativo gracias a un recurso de revocación que interpuso en octubre de 2016.
Ante un Congreso morenovallista, el marinista logró que la sanción económica se redujera a 1 mil 723 millones 743 mil 143 pesos, quedando obligado a restituir 2 mil 585 millones 614 mil 715 pesos, más una inhabilitación de 12 años.
Pese a ello y tras el fallecimiento de Moreno Valle y la gobernadora MArtha Erika Alonso Hidalgo, este miércoles la autoridad judicial determinó que los injustificados retrasos de la Auditoria Superior el Estado (ASE) -que hasta hace unos días encabezó el morenovallista David Villanueva Lomelí-, para emitir una sanción constituyeron una violación a los derechos humanos de Arango por lo que las sanciones quedan sin efecto.
Cabe recordar que después de Arango, continuó la “limpia” morenovallista la cual apuntó a Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública; David Villa Issa, exsubsecretario de Finanzas y Administración; Francisco Castillo Montemayor, exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante la administración marinista e incluso Víctor Manuel Hernández Quintana, entre otros.
De todos ellos Javier García Ramírez fue el único que libró cualquier proceso en su contra pues hasta la fecha es un prófugo de la justicia.
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