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16 noviembre, 2018
redaccionph
De acuerdo con el Plan Nacional de Paz y Seguridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para combatir la inseguridad en Puebla, el estado se dividirá en cinco regiones, y éstas a su vez en 11 coordinaciones, 10 de las cuales están señaladas con alta inseguridad.
Las coordinaciones estarían ubicadas en Acatlán de Osorio, Ajalpan, Tehuacán, Chalchicomula de Sesma, Puebla, Atlixco, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Huauchinango, Zacatlán y Teziutlán, el único municipio calificado con baja criminalidad.
Lo anterior se desprende del documento presentado este jueves, en el cual se desglosan los ocho puntos con los que el líder moral de Morena buscará no sólo disminuir los índices de criminalidad en el país sino también pacificarlo.
El plan establece que en cada una de las 266 regiones del país la coordinación general recaerá en la autoridad civil de más alto rango.
Destaca que la estrategia anunciada no incluye acciones específicas ni para fortalecer a las actuales corporaciones de policía federal, estatales y municipales, ni tampoco al sistema de procuración de justicia.
Las coordinaciones contarán con un representante del gobierno federal, uno de la Fiscalía General, el mando militar regional, autoridades locales y municipales, un Ministerio Público, miembros de la sociedad civil y personal acreditado de la Fiscalía de Derechos Humanos.
La coordinación también dependerá del tamaño de la población para definir si el número de elementos asignados crece o disminuye de acuerdo a los índices delictivos.
El plan incluye a Tehuacán, Chalchicomula y Texmelucan, municipios en los cuales el gobierno estatal asumió el control de inseguridad, tras exhibirse la incursión de grupos criminales en las policías municipales.
Resalta el Estado de México como la demarcación con más coordinaciones con 32, seguido de Veracruz con 21, Oaxaca con 15 y Michoacán con 13.
El proyecto de López Obrador plantea ocho puntos de acción. El plan presume ser “un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores”, basado en reorientar el combate a la delincuencia en el combate a la corrupción, aplicación de políticas sociales, utilización de la justicia transicional y la regeneración ética de la sociedad, entre otros.
Además, asigna a una nueva fuerza de corte y formación militar, la Guardia Nacional, la responsabilidad de combatir los delitos de mayor impacto y hacerse cargo desde el nivel federal de preservar la seguridad pública. Ello requerirá de una reforma constitucional.
El primer punto consiste en erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia al tipificar la corrupción como delito grave, así como obligar que todos los servidores públicos presenten su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, así como eliminar el fuero, entre otros.
El segundo eje es garantizar empleo, educación, salud y bienestar, el tercero consiste en que haya pleno respeto y promoción de derechos humanos, al tipificar como delitos con sanción definida los incumplimientos de recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
La cuarta acción consiste en la regeneración ética de la sociedad, la quinta planea reformular el combate a las drogas al levantar la prohibición de los estupefacientes actualmente ilícitos. El sexto eje plantea emprender la construcción de la paz mediante procesos de desarme, desmovilización y reinserción social con la reparación del daño y perdón por las víctimas.
El séptimo recuperación y dignificación. Mientras que la octava acción consiste en el plan de seguridad pública con la participación de las fuerzas armadas en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, la cual debe asumir a mediano plazo las funciones de protección civil en todas sus facetas.
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