4 diciembre, 2020
Redacción PH
Por Maribel Velázquez @Maribel_VO
Las carpetas de investigación por daño a propiedad ajena se concentraron en el 78 por ciento de los 217 municipios de Puebla de enero a octubre de este año de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
En este periodo la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 2 mil 185 indagatorias destacando la capital poblana con 298 indagatorias.
También sobresalen en este tipo de delitos Tehuacán, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc y Atlixco en donde comenzaron entre 73 y 148 investigaciones por este delito.
Siguen Zacatlán, San Martín Texmelucan, Huauchinango, Cuautlancingo, Izúcar de Matamoros, Huejotzingo, Teziutlán, Coronango, Chignahuapan y Libres con entre 32 y 65 indagatorias.
Por el contrario en 46 municipios no hubo ninguna carpeta de investigación por este tema, entre estos se encuentra: Tlapacoya, Totoltepec de Guerrero, Tuzamapan de Galeana, Tzicatlacoyan, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Zacapala, Zapotitlán de Méndez, Zongozotla y Zoquiapan.
No obstante, debe considerarse que no todos los crímenes son dados a conocer a las autoridades.
Juárez, Chihuahua fue el sitio del país con más carpetas de investigación por daño a propiedad ajena al sumar 3 mil 62 de enero a octubre de este año. En este sitios hay un millón 391 mil 180 habitantes de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El código penal establece que se impondrá de seis a doce años de prisión, independientemente de las sanciones que correspondan por otro u otros delitos que resultaren cometidos, al que, por medio de incendio, inundación o explosión, cause daño o peligro en diferentes inmuebles como un edificio, oficina, comercio, industria, bodega, graneros, hangares, cocheras o de cualquier clase o sus dependencias, que estén ocupados o habitados.
También se considera como daño pintar signos, leyendas, dibujos, imágenes o cualquiera otra manifestación gráfica y por esta irregularidad se impondrían de uno a tres años de prisión, así como de treinta a noventa días de trabajo a favor de la comunidad.