Sábado, febrero 14, 2026
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29 septiembre, 2025
Redacción PH
Una vez más, Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, reconoció que es inviable económicamente retirarle la concesión del suministro a Concesiones Integrales, mejor conocida como Agua de Puebla, pese al incumplimiento de la empresa con la inversión en mejorar el servicio.
En conferencia de prensa este lunes 29 de septiembre, el mandatario una vez más fue cuestionado sobre la situación de Agua de Puebla, que en octubre deberá comparecer ante el Congreso de Puebla.
A la razón económica, la cual ya ha señalado con anterioridad, esta vez sumó la de la colusión de las autoridades estatales y judiciales, quienes con su silencio habrían permitido concretar la privatización del agua en Puebla.
Dijo el gobernador al precisar que no se puede quitar el Título de Concesión a la compañía propiedad de la familia Hank Rhon costaría más de 10 mil millones de pesos y un largo litigio, es decir lo equivalente a lo que se iba a pagar por la deuda heredada del Museo Internacional Barroco.
“Cancelar la concesión nos costaría 10 mil millones de pesos, lo que íbamos a pagar por el Barroco. ¿Quién nos da esos 10 mil millones de pesos?”.
Remarcó que en estos debe actuarse “racional y estratégicamente” para el bien de Puebla, por lo que aunque está descartado el retiro de la concesión, no es así con la posibilidad de negociar un acuerdo, en el que habría de intervenir la Comisión Nacional del Agua, el Poder Judicial y la Consejería Jurídica.
Sin embargo, ese acuerdo será para obligar a la empresa a invertir en lo que le corresponde.
Por el contrario, Armenta Mier apunto como responsable de la permanencia de la concesión al “silencio cómplice” de actores políticos y judiciales cuando el servicio fue privatizado en 2013.
“No escuché a nadie decir por qué pusieron la concesión. Todo mundo calladito, calladito”, dijo en referencia a los partidos políticos que hoy exigen la desprivatización del agua aunque en el pasado respaldaron el proyecto.
Armenta Mier indicó que la estrategia del gobierno es trabajar en un “acuerdo que beneficie a los poblanos” en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, el Poder Judicial y la Consejería Jurídica, forzando a la empresa a invertir lo que le corresponde.
Señaló como el otro cómplice a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues Agua de Puebla se amparó para no invertir “lo que tenía que invertir”, situación que consideró evidencia de la “complicidad” de como el poder judicial se coludía con empresarios para dañar el patrimonio y las finanzas del Estado.
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