La Comisión de Derechos Humanos Puebla (CDH) emitió la recomendación general 1/2024 dirigida a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, Congreso del Estado y 29 municipios por incumplir con el protocolo para casos de intentos de linchamiento, omitir brindar protección, auxilio y seguridad pública de manera oportuna.

En conferencia de prensa, Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos Puebla, precisó que con la recomendación se busca hacer “un diagnostico” y no una acusación o imputación a las autoridades para que trabajen en mitigar y eliminar los linchamientos.

De igual forma la recomendación está dirigida a los 29 municipios que más incidencias han reportado: Acajete, Ajalpan, Amozoc, Atlixco, Cañada Morelos, Chiautzingo, Chignautla, Cuautlancingo, Guadalupe Victoria, Huejotzingo, Huaquechula, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador El Verde, San Salvador Huixcolotla, Santa Isabel Cholula, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepexco, Tepeyahualco, Tlacotepec de Benito Juárez y Tlahuapan.

De acuerdo con Jessica Calderón García, tercera visitadora general y Mariana Durán Márquez, secretaria ejecutiva del Instituto de Investigaciones y Estudios de Derechos Humanos, de 2019 a junio de 2023 se iniciaron 73 expedientes para la recomendación; de ellos 19 expedientes fueron de linchamientos consumados, 12 se presentaron en juntas auxiliares o localidades y sólo en 13 se actuó conforme al protocolo de linchamiento.

En este periodo 120 personas fueron sujetas a un linchamiento, 115 hombres y cinco mujeres. En tentativa de linchamiento fueron 53 expedientes.

En cuanto al conocimiento de las autoridades, en el 33.3% de los casos la Segob tuvo conocimiento de los linchamientos, pero en sólo en 35 casos de se activó el protocolo.

En el análisis se advierte que las personas sujetas de intento de linchamiento fueron liberadas por el diálogo con las autoridades son puestas a disposición de un juez calificador, pero la infracción más común es por alteración del orden público y no por los delitos de los que fueron acusados por las turbas.

Otras de las fallas observadas es que hay una falta de tipificación de linchamientos, y sólo se castiga como lesiones, tentativa de homicidio, homicidio calificado o tumultuario, lo cual a su vez provoca que no haya una base de datos pública y sistematizada de la problemática.

Una de las recomendaciones que emiten es la actualización del protocolo de linchamientos, la implementación de campañas continuas, además de la Segob y la SSP sobre el protocolo de linchamientos y la Ley General del Uso de la Fuerza.

Se debe crear un registro de linchamientos que abarquen la tentativa y los casos consumados, y que se diseñe un programa en materia de gestión de conflictos y comunicación asertiva, además de diseñar una estrategia permanente de prevención para concientizar a la población en general sobre el rechazo público y social de las practicas de llevar a cabo estas prácticas.

A la SSP le recomiendan diseñar un manual de procedimientos que contemple la conformación de un grupo de reacción inmediata en estos casos, al Congreso de Puebla que legisle sobre los linchamientos, a nivel municipal incrementar el estado de fuerza, capacitados y equipados en las juntas auxiliares.

Además que en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 se incluyan metas y líneas de acción para prevenir los linchamientos de manera permanente y establecer Comités de Paz y Seguridad Municipal en cada municipio y que tiene como finalidad ser un espacio de escucha activa, en el que se analice la situación y riesgo de linchamientos y puedan dar respuesta a las amenazas latentes.